El 21 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las bases para la transición de la Administración Pública Federal (APF), con motivo del cambio de gobierno para el periodo 2024-2030, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre de 2024.
Para la coordinación de estos trabajos, se anunció la creación de una Mesa de Coordinación para la Transición, cuyas funciones son, principalmente, tres:
Coordinar las actividades para el intercambio de la información con que cuenten las dependencias y entidades de la APF en funciones.
Facilitar los mecanismos de comunicación entre el Gobierno en funciones y el Gobierno entrante.
Adoptar los acuerdos que sean necesarios para una transición ordenada, responsable y eficiente.
Paralelamente a estas bases jurídico-administrativas para la transición derivada del cambio de gobierno en el ámbito federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, realizaron giras de trabajo conjuntas a las 32 entidades de la República.
Estos recorridos tuvieron propósitos diversos, como supervisar acciones en materia educativa y de salud; comunicar a la población que los Programas para el Bienestar continuarán y se ampliarán; dar seguimiento al rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, así como a las medidas que garantizan seguridad al país; supervisar y evaluar obras y programas sociales; dialogar con gobernadoras y gobernadores de las diferentes entidades federativas, y dar a conocer los planes que llevará a cabo la siguiente administración federal (como ampliar el número de escuelas públicas de educación media superior y superior; construir 3000 kilómetros de vías férreas en el país; poner orden en las concesiones de agua potable, e impulsar las ciencias, las humanidades y el desarrollo tecnológico), entre otros.
Lo anterior significa que la continuidad del bienestar y desarrollo está garantizada, por decisión soberana y mayoritaria del pueblo de México, que así lo expresó en las urnas el pasado 2 de junio.
La colaboración entre el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum no solo es ordenada (ya que ha sido temprana y estrecha, lo cual garantiza una administración entrante informada y preparada para asumir sus funciones), sino que también es fraterna, por el grado de entendimiento y empatía que comparten ambos liderazgos respecto a las causas populares, en especial por quienes menos tienen.
Esta transición también es histórica, porque es difícil encontrar un precedente de cambio de mando con esas características de armonía, sintonía, comunicación y, sobre todo, con la convicción de que se comparte un proyecto político, social y económico que une y anima a la mayoría del pueblo de México; un proyecto que produce estabilidad, gobernabilidad, desarrollo; que distribuye la riqueza, genera empleo, combate las desigualdades; lucha contra el racismo y el clasismo; devuelve al pueblo sus recursos naturales, apropiados y expoliados durante el periodo neoliberal; que no permite injerencias extranjeras en asuntos internos; que ha situado al país como referente continental y mundial en diversos aspectos, como el de la democracia (con figuras como la revocación de mandato y la consulta ciudadana o las altas tasas de participación ciudadana en procesos electorales, etc.) o el del progresismo de la izquierda (gabinete paritario, humanismo mexicano, primera jefa de Estado en 200 años de República independiente, avances en la reforma judicial federal), entre otras.
La transición de gobierno que está teniendo lugar en nuestro país no solo es un acto jurídico-administrativo formal, sino que representa la aspiración de millones de mexicanas y mexicanos para seguir construyendo, sobre todo, el segundo piso de la Cuarta Transformación.
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