Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El 12 de enero de 2018, un grupo de cineastas entró al ejido sonorense conocido como El Bajío para desarrollar un trabajo de investigación sobre conflictos entre dueños de tierras. Ahí fueron encañonados por elementos del crimen organizado, por lo que tuvieron que suspender el proyecto.

Tres años después, y jugándose la vida por concluir su labor, el documental que lleva por título Tolvanera forma parte de la sección michoacana en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que comienza este miércoles.

Luego de ese capítulo que fue registrado en audio, el equipo encabezado por el director AR Melgoza regresó al lugar de los hechos inspirados en un artículo escrito por el periodista Héctor de Mauleón, quien dedicó una columna a la sangrienta batalla que se libra en esa región de Sonora, el estado de mayor actividad minera del país, cuyo valor de producción se calcula en 138 mil millones de pesos.

El Bajío es un ejido ubicado en el municipio de Caborca, cuyos dueños fueron despojados del terreno que es, literalmente, una mina de oro y otros metales. La empresa que ha operado la extracción de minerales es Penmont, la cual pertenece a Alberto Bailleres, quien es el cuarto hombre más rico de México y cuya fortuna se estima en 10 mil millones de dólares.

El empresario, que es visto como un filántropo, obtuvo la Medalla Belisario Domínguez en 2015, misma que le fue colocada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Además, se le vincula con la hasta hace poco gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y su tío Rafael Pavlovich Durazo, quien es el principal interesado en que las tierras no sean devueltas a sus legítimos dueños.

El documental nos lleva por diferentes testimonios de los involucrados en este conflicto que se resume en familias queriendo recuperar sus tierras y empresarios dispuestos a no hacerlo por la millonada que está en juego. Se incluye el testimonio de Manuel Loya Valverde, juez que determinó en 2014 que la minera debería regresar las tierras a sus ejidatarios, pero además regresar el oro extraído, pagar por los daños ocasionados y hacer un resarcimiento del medio ambiente.

Por dicho atrevimiento, el magistrado fue castigado y ya no fue ratificado en su puesto. “El poder político sucumbió ante el poder económico”, dice a la cámara mientras maneja, al tiempo que afirma que él no benefició a los ejidatarios, simplemente, encontró que el derecho estaba de su lado.

Librar una batalla legal de estas dimensiones no es fácil y se paga con la vida. En septiembre de 2017 hombres armados retuvieron por dos semanas al comisario ejidal, quien tuvo que huir a Estados Unidos. En noviembre de ese mismo año, 12 hombres y mujeres ejidatarios fueron secuestrados y liberados por la noche, no sin antes recibir amenazas de quienes se dijeron emisarios de la familia Pavlovich.

El gobierno sonorense mandó constantemente patrullas e incluso consiguió seis órdenes de aprehensión, pero nunca se pudieron probar delitos como la invasión y el despojo. “A los ejidatarios les han inventado todo eso cuando ellos son los dueños”, dice otra de las voces consultadas en el documental.

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El hostigamiento gubernamental no llegó solo, pues una vez que comenzó la lucha en los juzgados el narco apareció en la región, con prácticas como el secuestro, cobro de cuotas, extorsiones y asesinatos.

En marzo de 2020 los ejidatarios tomaron el control de su tierra por la fuerza, y desde entonces montan una guardia para que la minera y su brazo armado no les quiten su pertenencia. Resistir ha costado vidas: el 30 de abril de 2021, el presidente del ejido José de Jesús Robles Cruz y su esposa María de Jesús Gómez fueron secuestrados y asesinados en Puerto Peñasco.