MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- La Comisión de Seguridad en el Congreso de Michoacán buscará acompañar la propuesta de ley para prevenir y atender a las víctimas del desplazamiento forzado interno, misma que tras haberse presentado desde hace algunos días ante el Pleno legislativo, busca imponer penas de hasta 12 años de prisión en contra de quien alienta ese tipo de prácticas ilícitas.
Así lo indicó el diputado local panista, Hugo Anaya Ávila, quien como integrante de dicha comisión reconoció en entrevista que la situación de inseguridad y violencia, así como de falta de oportunidades, han alentado a que familias enteras se desplacen de sus hogares o lugares de nacimiento para salvaguardar sus vidas e integridad.
Agregó que si bien dicho fenómeno tomó mayor fuerza en años anteriores, cuando el narcotráfico tenía mayor control, todavía existe, sobre todo en aquellas comunidades cuya ubicación geográfica es más lejana de las zonas urbanas, considerando entonces que, al no existir un mecanismo de ley apto para el trato del mismo, se requiere dar continuidad a dicha propuesta.
Sin precisar cifras, puesto que incluso a nivel nacional tampoco se tienen, consideró también que además de la falta de condiciones de seguridad, en muchas ocasiones también es la precariedad en que se vive en algunas comunidades y por ello su necesidad de desplazarse a otros estados donde tengan mayor oportunidad de desarrollo, cuyo fenómeno es similar a la migración.
Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, diputado local por Morena y también integrante de la Comisión de Seguridad, coincidió en que si bien por años se presentó tal fenómeno en localidades de Tierra Caliente como Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, y otras de la región Sierra-Costa como Aquila y Coahuayana, hay otros puntos del estado donde la alza en los índices de violencia -como Zamora- pueden orillar al desplazamiento de familias.
Por ello, y en el afán de que prospere la iniciativa presentada por su compañero de bancada, Sergio Báez Ceja, es a propósito de que también se genere un mecanismo preventivo y de atención al desplazamiento forzado en Michoacán, y por ende un registro estatal de personas en esta condición.