Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- En 2018, el Congreso de Michoacán ejerció más de 900 millones de pesos para la aplicación del Programa 79 “Reformas Legislativas” en el que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) detectó deficiencias en el trabajo de los diputados, como falta de informes de labores e incluso no existieron sanciones a los diputados que tuvieron inasistencia injustificadas.

El programa, tenía como función principal que el trabajo legislativo se dirigiera a la solución de conflictos de la sociedad, pero el órgano fiscalizador detectó que este programa no estableció los suficientes indicadores para saber si realmente funcionó.

El monto exacto fue de 984 millones 436 mil 830 para el Programa 79 “Reformas Legislativas”, el cual está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.

En el informe de desempeño del Congreso, la ASM señaló que el poder Legislativo presentó un Sistema de Control Interno “deficiente” y que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas “no proporcionó datos suficientes que permitieran conocer el resultado de la operación del programa en congruencia con los 984 millones de pesos”.

Para empezar, la ASM señaló que la Contraloría Interna del Congreso no realizó su trabajo de diseñar, supervisar, fiscalizar, realizar recomendaciones y presentar un informe trimestral de resultado de cumplimiento de sus funciones, información que solicitó el órgano auditor, pero que el legislativo no pudo entregar ya que: “No se cuenta con dicha información”, señala.

La ASM destacó que no existe una relación entre el presupuesto ejercido con el trabajo de los diputados; ya que no se obtuvo evidencia de los Informes Anuales Sobre las Labores Legislativas de los Diputados y los Informes Anuales de las actividades de las Comisiones, “situación que limita la transparencia y la toma de decisiones”.

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Asimismo, se detectó debilidad en los mecanismos de control y seguimiento, toda vez que no se obtuvo evidencia del Informe de la Contraloría Interna ni de las sanciones por el incumplimiento a las convocatorias del pleno y a las reuniones de las comisiones.

Respecto al trabajo de las comisiones, detalló que se realizaron 237 reuniones con una inasistencia del 9.96 por ciento, sin embargo hizo énfasis en que la información del número de sesiones es incongruente entre la que dio el Congreso a la ASM y la documentación publicada en la página web; además reportó que sólo cinco de 28 comisiones presentaron un informe de trabajo anual.

Mientras que en las sesiones del Pleno, registraron una inasistencia de 5.11 por ciento. En ese sentido la ASM solicitó un informe sobre los descuentos hechos a los diputados que faltaron sin justificación, pero el Congreso respondió que: “se realizó una búsqueda de la información respectiva en las diversas áreas administrativas, teniendo como resultado que no existe documentación”.

En lo individual, ninguno de los 40 diputados de la LXXIII legislatura, que terminó el 30 de septiembre de 2018, presentó su informe anual de trabajo que estaban obligados a presentar en agosto del mismo año

Por ello, la ASM consideró que respecto al análisis a las actividades legislativas se conoció que no existe una planeación estratégica que les permita conocer el quehacer, las metas y objetivos que se pretendían alcanzar, tomando en cuenta lo que requiere la sociedad, ya que todo ello debió estar reflejado en la Agenda legislativa y en los planes de trabajo de las diferentes comisiones.

De acuerdo con lo estipulado en el informe de la ASM, el Congreso local deberá realizar las acciones para dar a conocer de manera “clara y sencilla” de cómo y en qué se gastó el recurso asignado durante el Ejercicio Fiscal 2018, así como los resultados obtenidos; además deberá entregar un informe con las mejoras o acciones realizadas en relación a las recomendaciones, cada tres meses hasta su conclusión.