MORELIA, Michoacán.-(OEM-Infomex).- Autoridades del Consejo Comunal de Sevina y Comachuén denunciaron la intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen en la reciente elección de la Jefatura de Tenencia de Sevina, en la que acusaron irregularidades como el robo de las listas de asistencia durante la asamblea realizada el pasado 26 de diciembre.

En rueda de prensa con integrantes comunales del municipio, José Natividad Valencia, representante del Consejo Comunal de Sevina, acusó directamente a la alcaldesa Mayra Lucila Morales, no sólo de azuzar la promoción de 15 impugnaciones en contra de la resolución para la entrega directa de presupuesto para esta comunidad, sino también de imponer a una persona afín a su gestión en la Jefatura de Tenencia de Sevina.

El 31 de octubre de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la autoridad de Nahuatzen entregar la parte proporcional de su presupuesto a la comunidad indígena de Sevina, lo cual ha sido negado gracias a los amparos interpuestos por el gobierno municipal.

El pasado 26 de diciembre en la elección, personas adheridas al ayuntamiento intentaron robarse la listas de los asistentes a las urnas y con ello sabotear los comicios regionales en el lugar.

“Intentaron no darnos la participación como planilla, y como se vieron rebasados en números y agarraron las hojas de registro, se hicieron los ofendidos y regañados, y optaron por correr, se robaron las listas de asistencias y se fueron. Un grupo de personas intentó rescatarlas, porque no eran de un jefe de tenencia sino de una asamblea”, expresó Natividad Valencia.

De ahí que al momento de presentar el acta circunstanciada sobre la decisión mediante usos y costumbres de que Adán Serafín Martínez fuera el jefe de tenencia en Sevina, tanto el secretario como síndico del Ayuntamiento negaron esta posibilidad, reconociendo incluso a la planilla respaldada por el gobierno municipal como la legítima y ganadora.

Tanto José Natividad como Adán Serafín refirieron que, además de la denuncia presentada ante el ministerio público por robo, iniciarán una ruta legal ante tribunales a partir del 13 de enero, así como una serie de manifestaciones en carreteras del estado para exigir un alto a la intromisión de autoridades en los pueblos originarios.