Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobaron por unanimidad cambios al Proyecto de Política Estatal Anticorrupción (PEA), el cual es el documento rector para que las instituciones cumplan en materias de prevención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y el control de recursos públicos.
El documento original fue publicado en 2020 con una visión a 10 años, pero el actual comité, integrado por contralores municipales, realizó algunas modificaciones que añadieron cuestiones como perspectiva de género y multiculturalidad.
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Con la rectoría del SEA, las funciones de esta figura incluyen el diseño de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos; disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el establecimiento de bases y principios para la coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
Son cuatro los ejes que guían la PEA: combatir la corrupción y la impunidad, combatir el abuso del poder, promover la mejora de gestión entre gobierno y ciudadanos e involucrar a la sociedad y el sector privado.
Como parte del diagnóstico, en el documento se establece que según datos del Foro Económico Mundial se estima que la corrupción cuesta actualmente 2.6 billones de dólares o el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que, trasladado a México, significa porcentualmente el gasto educativo que se hace por ejercicio fiscal.
Además, datos del Barómetro de la Corrupción de América Latina 2019, señalan que en México nueve de cada 10 personas declaran que la corrupción sigue siendo un problema grave para el país, y una de cada tres personas (34 por ciento) aceptó que tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o servicio público.
Los espacios con mayor percepción de corrupción son la policía (52 por ciento), el acceso a la impartición de justicia (35 por ciento) y la provisión de servicios públicos básicos (30 por ciento).