Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- No podrán ser servidores públicos de Michoacán, quienes sean deudores alimentarios morosos, además de que el gobernador tendrá la facultad de remover libremente a los funcionarios que tengan las denuncias, así fue aprobado por los diputados locales.
Con 22 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, los integrantes de la 75 Legislatura aprobó la reforma a la fracción primera del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Michoacán.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Gobernación del Congreso que encabeza la diputada de Acción Nacional (PAN), Mónica Lariza Pérez Campos, quien en tribuna señaló la urgencia de que los titulares de algún cargo público en Michoacán no sean deudores alimentarios, ya que son quienes deben cumplir con sus obligaciones en sus hogares y esto brindará no solo justicia a las mujeres sino también a sus hijos e hijas.
En sesión del Congreso de este miércoles, la diputada panista insistió en que con la Ley no se pretende quitarle el trabajo a las personas que se desempeñen en algún cargo público de Michoacán, sino simplemente que se pongan al corriente y con ello, que a su vez se procure el bien del menor.
El único voto en contra que se presentó en sesión del Congreso local, fue del diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, quien se opuso a la propuesta del Dictamen, según porque la medida es contraria, pues según el legislador se pretendió limitar a que el deudor alimentario tenga la posibilidad de tener un trabajo para cumplir con la deuda, por lo cual remarcó en qué hay una extralimitación.
Pese a que el diputado del PT se posicionó en contra, 22 legisladores presentes en la sesión votaron a favor del Dictamen para que no sean nombrados servidores públicos quienes sean deudores alimentarios morosos en Michoacán. También, la iniciativa, señala que el gobernador removerá libremente a quienes desempeñen un cargo público y tengan estos señalamientos.
La Contraloría de Michoacán, será la dependencia la que iniciará el procedimiento conducente para que sean removidos de los cargos públicos.
