Morelia, Mich (OEM-Infomex).- Comuneros de Arantepacua informaron que no aceptarán la disculpa pública a la que se comprometió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por los sucesos de violencia del 5 de abril del 2017, en el que perdieron la vida cuatro civiles.

Al concluir con la manifestación en la que exigieron justicia a cinco años de aquellos acontecimientos, los pobladores de la comunidad indígena señalaron que para ellos su prioridad es que se castigue a los responsables intelectuales de las muertes extrajudiciales.

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En este sentido, reiteraron que la justicia debe recaer en las figuras del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el fiscal del estado, Adrián López Solís; el exsecretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo; y el extitular de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona.

Por otra parte, si bien reconocieron que la construcción de una unidad deportiva, una clínica de salud, la instalación de un taller de carpintería y la creación de un campus de la Universidad Intercultural Indígena forman parte de las negociaciones con el Gobierno del Estado para la reparación de daños, aseveraron que con esto no se cumple a cabalidad con la recomendación 42 VG/2020 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, expusieron que otra de sus demandas principales radica en que López Solís sea destituido como fiscal, ya que, en el momento de la represión, él fungía como secretario de gobierno, “por lo que no descansaremos hasta verlo tras las rejas”.

Cabe mencionar que, además de las cuatro muertes extrajudiciales, el informe de la CNDH también señala que se presentaron diez casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y mil afectados.