Ario de Rosales, Michoacán-(OEM-Infomex).- En las barricadas del municipio de Ario de Rosales, en Michoacán, la guardia comunitaria que se ha formado desde más de un año está dispuesta a desterrar al crimen organizado o morir en el intento.
Sin nada que perder, los cortadores de aguacate y trabajadores de las otrora huertas fértiles se han agrupado para hacer frente a la delincuencia, asegurando que se organizan como “Dios nos da a entender”.
No quieren ponerse etiquetas ni que los vinculen con ningún otro grupo, de ahí que no se asuman como autodefensas, sino como pueblos unidos que luchan contra de la inseguridad.
Así lo asegura “El Lic”, uno de los líderes que encabezan estos movimientos armados desde hace 2020.
“No más muertos, abajo la injusticia”, se lee en letras grandes y negras en uno de las casetas habilitadas como barricadas que se localiza rumbo a la comunidad de San José de Chuen.
Este lugar es conocido como La Gringa, en honor a la dueña de la finca desde donde vigilan uno de los caminos que conducen a la cabecera municipal.
Junto a esa entrada hay un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, adornada con unas flores de bugambilia colocadas en vasos de veladora, imagen que lleva tras de sí la devoción suprema de quien bajo su manto se siente protegido.
Al menos 24 hombres salen al encuentro de los extraños, mientras a lo lejos uno de ellos ordena que le llamen al “comandante grande”.
Los civiles armados desgajan historias comunes para quien vive entre la inmensidad de plantaciones de aguacate, principal vista en toda la región que conforman los municipios de Ario de Rosales, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Taretan.
Esta agrupación que se hace llamar “Pueblos Unidos”, asegura, sucumbieron a la extorsión de dar entre cinco y 10 mil pesos para los grupos delincuenciales, una o hasta dos veces al mes.
Pero se revelaron cuando la obligación fue sometida a cobros de hasta 50 mil pesos por hectárea, lo que echa por tierra la idea de que ni unidos podrían ahuyentar a organizaciones delincuenciales como Los Viagra.
A casi un año del levantamiento de las barricadas, esa idea es un mito. La zona se encuentra libre de extorsiones, de vejaciones para aquellos que buscaron levantarse, de desaparecidos o asesinados para quien no cubría la cuota.
Ahora, las parcelas de aguacate que brillan colina tras colina dejaron de ser para “la maña”, aseguran.
En su lugar, el dinero de la extorsión fue destinado para la compra de armas de fuego de alto calibre y a la construcción de pequeñas bardas de piedra con tejados de lámina, donde se generan turnos de vigilancia con grupos de 30 hombres por día.
Estos hombres de la noche a la mañana se volvieron guardianes, vigías y celadores sin adiestramiento alguno. “El Lic.” reconoce que los más de cinco mil lugareños que se encuentran involucrados en estas tareas, están fuera de la ley.
Sabe lo que significa la portación de armas de fuego de uso exclusivo para la milicia o el personal naval militar, pero dice que eso no los inhibe, y afirma casi con descaro que “por los caminos más recónditos de estos cuatro municipios, ni el Ejército ni la Guardia Nacional entran, pese a que en repetidas ocasiones se les ha hecho de conocimiento dónde se ubican “los mañosos”.
Por eso, su única defensa es estar bien armados, aunque eso implique romper las leyes.
“Fuimos acorralando al Camaleón, exjefe de plaza de Los Viagra, hoy en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, describe, ya que además de la extorsión, los delincuentes se estaban robando de dos a cinco camiones diarios de los caminos que comunican del municipio de Ario de Rosales a Salvador Escalante y Taretan.
Esos mismos camiones trasladaban el corte de aproximadamente 10 toneladas de aguacate cada uno, mismo que colocaban bajo amenaza y a la fuerza en los centros de acopio con que cuenta la zona.
Ante la inminente entrada del periodo que conforma el corte de aguacate en el mes de julio, “El Lic” asegura que los hombres que se encuentran en las barricadas solo dejan de trabajar una vez a la semana, mientras que afirma que a ninguno se le obliga a ser parte de la vigilancia que tiene más de 11 meses en funciones.
Con el rostro cubierto por un pasamontañas de neopreno, moreno, de ojos negros y de aproximadamente 35 años, “El Lic” señala que la mayoría de los que conforman Pueblos Unidos son dueños de sus huertas.
Las unidades en las que se mueven son parte de la herramienta de trabajo que tienen para transportar su fruto. Hay grandes productores, es cierto, pero son muy pocos, esos son los que directamente no participan, pero han aportado económicamente a la compra de las armas que hoy les quiere confiscar el gobierno del estado y que sin duda no están dispuestos a entregar.
Indalecio, un hombre de unos de 65 años de mirada brillante y harto de vivir bajo la amenaza, narra que tiene miedo y coraje de perder el patrimonio de una vida, sobre todo cuando lo que se construye es para las hijas y los hijos, tras décadas de sacrificio.
Huérfano de padre, recuerda cómo su madre heredó de la abuela paterna las huertas y ahora se lo quieren quitar.
La pobreza la palpó compartiendo un huevo duro que diariamente, durante un año, su madre pudo cocinarle a él y a sus cuatro hermanos y hermanas, eso es lo que su madre de casi 90 años aún le narra entre la vejez y el olvido, por eso insiste, sabe lo que es tener poco o quizá nada.
Pese a padecer presión alta desde los 50 años, “Don Inda”, como le dicen, contó que la tierra que le heredaron será a su vez para su propia descendencia, no para los que delinquen, por eso empuñó el rifle calibre .22 que carga mientras, sentado en un pedazo de tronco, observa a quienes transitan por la zona.
“A la combi del transporte público siempre la detenemos para revisar que ningún extraño ande por la zona, igual hacemos con los taxis o camiones de pasajeros o de carga, no queremos sorpresas”, dice, y sonríe enseñando unos dientes macizos que acompañan incrustaciones color oro.
“Yo ya estoy viejo y me duele mucho una pierna, pero un buen tiro con mi calibre .22 sí le hace un agujero al que sea”, comenta sin dejar de sonreír, pues asegura que lo único que hace es defender “la tortilla de mañana”.
En total existen 54 barricadas distribuidas en los cuatro municipios: Taretan, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Salvador Escalante.
Solo en Tomendan, una de las comunidades más grandes, hay cerca de 600 hombres, por lo que de 18 a 20 grupos se turnan constantemente la vigilancia de los días y las noches.
“Cada población cubre su barricada, ellos mismos se organizan, realmente no estamos dejando de trabajar, el que trabaja por el día solo deja de ganar cuando le toca su turno, pero lo sacrifica por cuidar a su pueblo”, agrega “El Lic”.
La barricada de La Gringa, puntualiza, está conformada por al menos cinco pueblos, por eso insiste en que no se está dejando de trabajar, aunque reconoce a su vez que ocasionalmente han tenido que descuidar sus huertas, pero que el sacrificio y los desvelos han valido la pena.
Eso mismo lo reafirman dos de los integrantes que inquietos se acercan y comparten su propia experiencia. Los “mañosos” se estaban llevando todo su patrimonio y tenían bien identificados a los productores, por eso no les importó vender uno que otro pedazo de tierra con tal de comprarse las armas que portan y que también han confiscado a las células que orillaron a desertar.
Al menos han tenido 10 enfrentamientos que les han cimbrado el alma, pero que aun así, volverían a tener pese a no contar con ninguna formación militar o de seguridad pública, ya que su vida ha sido el campo.
Hoy están unidos por una misma causa como civiles armados, pues si algo les queda claro, es no querer vivir lo que sucede en municipios como Aguililla.
