Morelia, Michoacán (OEM-INFOMEX).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el área educativa, el gobierno de Michoacán causó probables daños a la Hacienda Pública por un monto de 26 millones 611 mil pesos por el pago de nóminas a personas fallecidas, a trabajadores dados de baja, con licencia sin goce de sueldo, y hasta a personal con varias plazas.
En la tercera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2019, la ASF auditó el uso de los recursos, por parte de la Secretaría de Educación del estado, de los programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Escuelas de Tiempo Completo, y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Respecto a los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, la ASF verificó 2 mil 352 millones 666 mil 200 de pesos, que representaron el 72% de los recursos que recibió el gobierno estatal para este programa.
Derivado de la auditoría a este programa, la ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9 millones 649 mil pesos por pagos indebidos a trabajadores.
En específico la SE realizó 395 pagos indebidos por un millón 851 mil 98.78 miles de pesos, a 55 trabajadores durante su licencia sin goce de sueldo; así como 314 pagos indebidos por 6 millones 822 mil 400 pesos a 314 trabajadores después de la fecha en que causaron baja.
Además, con la revisión de las bases de datos de defunciones emitidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, la ASF comprobó que la SE realizó 184 pagos por 975 mil 500 pesos a 43 trabajadores, los cuales se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o anteriores.
Aunado a lo anterior la Secretaría de Educación tampoco proporcionó la información actualizada, ni validada, de las nóminas estatales pagadas con recursos del programa, ya que encontró que 159 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) se registraron de manera incorrecta en la base de datos de la nómina, por lo que no fueron identificadas en la base de datos nacional del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO); mientras que 45 claves del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no fueron registradas en el padrón de contribuyentes del del SAT y 7 se registraron de manera incorrecta.
En el caso de la revisión al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF auditó 16 mil 996 millones 710 mil 900 pesos, de los cuales detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 17 millones 73 mil 300 pesos.
La Auditoría señala que la SE realizó 26 pagos indebidos por 121 mil 75.44 pesos, con los recursos del Fondo, a seis trabajadores estatales, los cuales se identificaron como decesos en el ejercicio 2019 o en ejercicios fiscales anteriores. También se detectaron 146 pagos por 898 mil 133.63 pesos a 41 trabajadores estatales después de su fecha de baja de la dependencia.
De igual manera se señalan 52 pagos por 390 mil 52.44 pesos a 13 trabajadores, quienes contaban con licencia sin goce de sueldo; en ese mismo sentido se encontraron 30 pagos por 249 mil 90.84 pesos a tres trabajadores con licencia sin goce de sueldo y adscritos a tres centros de trabajo.
Además, de mil 39 pagos por 6 millones 872 mil 245.85 pesos a 26 trabajadores registrados en dos centros de trabajo: en la “Dirección de Servicios Compensatorios”, y “Red Social”, quienes contaron con 42 plazas, y no acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica y normal.
El informe señala que la ASF detectó 483 pagos indebidos por 992 mil 100 pesos a 208 trabajadores, que contaron con 281 plazas y que estuvieron adscritos a 195 centros de trabajo, y quieres recibieron el pago después de su fecha de baja de la dependencia.
También se presume un probable daño a la Hacienda por un monto de 7 millones 439 mil 278.56 pesos por mil 20 pagos a 104 trabajadores identificados como decesos en 2019 o antes, y otro por 111 mil 300 pesos por acreditar el pago de arrendamiento inmobiliario con dinero del Fondo.
Sumando a lo anterior, se encontró que la Secretaría de la Contraloría de Michoacán acreditó el proceso de pago de la nómina de la quincena número 22 de 2019, sin embargo en la nómina federal se identificó: un RFC no registrado ante el SAT, ocho CURP no encontradas, 30 RFC con más de una CURP, 53 CURP con más de un RFC y seis CURP no encontradas en la base de datos nacional.
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Sobre el programa de Escuelas de Tiempo Completo, la ASF, examinó 439 millones 638 mil 100 pesos, que representaron el 99.5% de los recursos.
De esta revisión revisión destaca una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el gobierno del estado investigue las presuntas irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron en dos contratos la cotización del proveedor, los conceptos de los servicios contratados, ni su costo; además no establecieron la forma, los términos y el porcentaje para garantizar los anticipos otorgados y uno de ellos se adjudicó de manera directa con un dictamen que no fue debidamente motivado y justificado.
UMSNH
En el informe individual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la ASF detalla que ésta recibió en 2019 dos mil millones 239 mil 758.4 pesos por el concepto de subsidio para Órganos Desconcentrados Estatales, de los cuales se auditó el 88.5%, es decir mil 982 millones 387 pesos.
De la revisión, la ASF identificó que se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5 millones 759 mil 200 pesos.
De ellos 299 mil 987.24 pesos fueron por concepto de pagos al personal de sueldo base que excedieron el tabulador autorizado para el ejercicio fiscal 2019; asimismo, por el pago en exceso de otras prestaciones autorizadas en los contratos colectivos.
Los otros 5 millones 459 mil 203.96 pesos fueron por concepto de pagos posteriores a trabajadores que causaron baja definitiva durante el ejercicio fiscal 2019, y pagos improcedentes a trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo.
Congreso y Poder Judicial
Para el poder Legislativo y Judicial, la ASF no se revisó el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.
La Auditoría identificó que en 2019, el Congreso tiene por aclarar 10 millones 161 mil 364.91 pesos, de ellos, no justificó el incremento de siete millones 283 mil 600 pesos a su presupuesto de egresos, es decir gasto 931 millones 97 mil 900 pesos, cuando los mismos diputados habían aprobado 923 millones 814 mil 300 pesos; además de 2 millones 878 mil 760.91 pesos, por concepto de ingresos aprobados para cubrir el importe de ejercicios fiscales anteriores.
Mientras que para el Poder Judicial del estado se señaló que no incluyó las erogaciones de servicios personales que comprende el analítico de plazas y todas las remuneraciones con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos.
