Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Además de las observaciones por manejos financieros sin aclarar en torno a la obra de la Presa J. Múgica, se detectaron irregularidades en el recurso relacionado a la producción de energía eléctrica, dio a conocer la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
El auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, dio a conocer que hay recientes observaciones en relación a la polémica presa construida por el gobierno de Michoacán en las administraciones de los entonces perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.
Aunado a las observaciones por recursos no aclarados de la construcción de la obra, ahora se tienen carpetas de investigación en el órgano fiscalizador por el tema del recurso que ingresó en 2019 y 2020 con la generación de energía eléctrica en dicho espacio.
Aguirre Abellaneda puntualizó que las observaciones van dirigidas a la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) del gobierno del estado, pues no ha transparentado en qué se está gastando ese recurso obtenido por la generación de energía a través de la planta instalada en la presa.
El auditor agregó que las observaciones se registran en el rubro de recaudación local y reconoció no tener exactamente la medición de cuánto se genere de energía en ese espacio. Recordó además que las otras observaciones, hechas por el tema de la obra, ya prescribieron.
En esas auditorías se detectó que el costo de la obra se habría inflado sobre el transcurso de los cinco años que tardó en construirse; además se encontraron contratos para la obra que no se apegaban a los lineamientos. A esas irregularidades se les dio carpetazo, pues de acuerdo a la ley, por el tiempo que llevaban los expedientes ya prescribieron, sin que hubiera sanción alguna a los funcionarios involucrados.
Presa es caso vigente en fiscalías
La fiscalía anticorrupción estatal está trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) en una investigación del caso, e incluso ya se ha solicitado información a instancias internacionales.
Alejandro Carrillo expuso, sin ahondar en el tema, que el caso involucra a funcionarios michoacanos, y precisó que no puede dar nombres por el debido proceso que se sigue en la investigación. Sin embargo, fue hace un año cuando el caso se reabrió en la fiscalía, tras la denuncia que procedió por parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La investigación que corre a cargo de la instancia procuradora de justicia es por presunto enriquecimiento ilícito de exfuncionarios estatales. Aunque al inicio hubo resistencia a reactivar la investigación, en noviembre de 2019 el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción presentó la denuncia para que la fiscalía indague el tema aún impune, y en mayo de 2020, dicha instancia respondió con una negativa a investigar el caso.
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La negativa se sostenía en que quien interponía la denuncia “no era afectado directo” por la presunta malversación de recursos públicos, y además señalaba que por el tiempo que había pasado, el delito ya había prescrito.
El Comité del SEA impugnó esa decisión ante un juez de control, quien le dio la razón al decir que cualquier ciudadano, independientemente de que el dinero no haya salido de su bolsa, se ve afectado por el desvío de recursos públicos. Fue así que el 28 de agosto de 2020 el juez ordenó a la fiscalía anticorrupción abrir la investigación, misma que actualmente también sigue la FGR.
Vínculo con Odebrecht
En bancos de Andorra habrían depositado recurso público desviado por parte del gobierno de Michoacán en las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. En el expediente del SEA se expone que entre los movimientos bancarios comprobables por el Comité se encuentra una de 50 mil dólares en 2008, otro de 7 mil euros en el 2011 y uno más de 28 mil dólares.
Tras firmar contrato con la empresa brasileña Odebrecht el 29 de noviembre de 2006, la obra inició en 2007 con la proyección de ser culminada en 2008, sin embargo, fue hasta 2013 y con una serie de irregularidades que se entregó. Inicialmente se habló de que costaría mil 500 millones de pesos, pero su costo final ascendió a dos mil 915 millones de pesos.
