MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- El Poder Judicial no puede dejar impune violaciones a los derechos de ciudadanos que sufrieron abuso de autoridad, extorsión y privación de la libertad durante la administración del excomisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Así coincidieron actores políticos al respaldar el llamado del exgobernador interino, Jesús Reyna García, para que la población afectada acuda a las instancias correspondientes y promueva denuncias por actos ilícitos cometidos por servidores públicos a cargo de Castillo Cervantes.
Tras anunciar los procedimientos legales que inició el michoacano priista en contra de funcionarios federales ante la delegación de la Fiscalía General de la República; el PRI estatal se exentó del caso al referir que es un tema personal, mientras que dirigentes estatales de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, PRD y el vicecoordinador parlamentario del PAN consideraron que las autoridades deben emitir respuestas y no dejar impunes los actos que “convulsionaron al estado”.
Es respetable su decisión y ahora se espera que la Fiscalía federal dé procedimiento y no quede impune la forma de actuar de Alfredo Castillo, quien utilizaba la fuerza, el poder y el aparato del Estado para quienes se salieran del huacal o no cooperaran sobre lo que ellos decidían
Javier Paredes Andrade, diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano
Por otra parte, Sergio Pimentel Mendoza, dirigente estatal de Morena, apuntó que es un derecho ciudadano exigir que el Estado aplique la justicia, y de iniciar procedimientos, que la ley no permita irregularidades porque “nada puede estar por encima de la ley”.
Si se violentaron derechos y garantías, deben investigarse y abrirse procesos en contra de cualquier mal funcionario, lo cual debe prevalecer en cualquier estado. Cualquier ciudadano que se sienta afectado por cualquier autoridad, desde nivel municipal hasta federal, las estancias judiciales hagan su trabajo y esa es la postura del PRD
Antonio Soto Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD
Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del PVEM, agregó que el exgobernador está en su derecho de proceder ante las instancias correspondientes y “si alguien se aprovechó de su situación o quiso hacerlo y tiene pruebas, que se haga justicia”.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, Arturo Hernández Vázquez, consideró que no es necesario exigir a la autoridad atenderlas demandas, ya que “estamos en buen momento para dar la confianza a las instituciones y buscar la certeza jurídica y legal que requiere el país, y quienes se vieron agraviados en sus derechos”.
CONTEXTO
En diciembre de 2018 el exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, fue absuelto de cargos por delincuencia organizada, quien durante cuatro años y meses estuvo en prisión por procedimiento del excomisionado federal de seguridad, Alfredo Castillo Cervantes.
Sin dar nombres, el michoacano anunció que ya promovió denuncias ante la delegación de la Fiscalía Regional en contra de funcionarios federales que estuvieron durante la administración del excomisionado de seguridad mandatado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A través de un comunicado, Reyna García comentó que en su denuncia se argumenta la tentativa de extorsión por dos millones de dólares para obtener su libertad y aseguró que esa era la forma de proceder por las personas que trabajaron para Castillo Cervantes.
