De 2008 a 2019 han asesinado a 28 funcionarios públicos en Michoacán, según el análisis de El Sol de Morelia con distintas bases de datos de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y del Atlas de Riesgo Político-Electoral realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Del total de funcionarios asesinados, 12 son casos de alcaldes electos y en funciones, cinco son asesinatos a exalcaldes, tres fueron a candidatos a cargos de elección popular, dos síndicos, un regidor, un alcalde con licencia y cuatro integrantes de partidos políticos, según el conteo hecho por esta casa editorial.
El gran problema de la violencia y de la corrupción en este país es la impunidad, que no se castigan los delitos. Si se puede matar con impunidad a un candidato, a un alcalde, a un diputado, regidor, exalcaldes, imagínate la indefinición en la que está el resto de la población
Gerardo Rodríguez, analista político y coautor del Índice Global de Impunidad
“La impunidad mata”
La impunidad en México, mata. Siete asesinatos de cada 100 se investigan y de esos prácticamente uno o dos se llevan a juicio a los asesinos. Las fiscalías estatales están colapsadas. Hay estados de la República donde no hay fiscalías independientes, no hay aparatos de justicia, no hay suficientes jueces, no hay suficientes ministerios públicos, no hay suficientes fiscales
Gerardo Rodríguez
“Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz son ejemplos sintomáticos de que es una irresponsabilidad crónica de los actuales gobernadores y de los pasados”, aseguró el analista político.
Para Boris González, politólogo de la Universidad Iberoamericana y encargado técnico sobre la metodología y realización del Atlas de Riesgo Electoral 2018, “no se está matando a las personas, se está matando a una institución. Esta persona representa a una institución, elegida democráticamente; lo que se genera cuando se mata a un alcalde a un exalcalde o funcionario municipal de cualquier rango, se mina el Estado de derecho, la calidad de la democracia de este país y eso nos afecta a todos los ciudadanos que vivimos en México”.
El crimen organizado está esperando a que el servidor público no tenga de cierta manera este mecanismo de protección y en ese momento vulnera la estructura y lo que representa también el puesto y la estructura jurídica del Ayuntamiento
“Debido a la situaciones de marginalidad y de impunidad, viven del delito, y estos grupos adquieren más poder en términos económicos y van minando, doblando las estructuras del Estado en ciertas regiones que son redituables económicamente”, aseguró el investigador.
Vulnerabilidad en el “narcoestado”
El riesgo de vulnerabilidad en la estructura municipal es grave, es tener un narcoestado, donde vivirás y estarás controlado por gente vinculada con miembros del crimen organizado, el narcoestado no se dará a niveles de presidente, siempre se dará en el ámbito municipal porque no hay control del Estado en este tema. No hay capacidad para poder controlar esto, estás a merced de ellos
Marco Antonio Hernández Murrieta, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
El crimen organizado ya está encontrando en la corrupción e impunidad del gobierno una evolución a su crimen, están encontrando que es un gran negocio y les reditúa mucho, y que no requiere tanta inversión ni tanto peligro, ni legal ni de enfrentamientos. Están encontrando que el tener el control de ciertos puestos políticos les reditúa, pero con menos peligrosidad y lo hacen mediante la amenaza y el asesinato como último recurso
Hernández Murrieta
Hay un punto de no retorno cuando tengamos una gran cantidad de presidencias municipales en manos del crimen organizado. Municipios importantes económicamente. Pudiéramos llegar a un punto donde las mafias estén apoderadas del día a día del ciudadano. La corrupción e impunidad han hecho que el crimen organizado aumente y permee en la estructura municipal. No podemos cerrar los ojos, debemos actuar y enfrentar este problema
Hernández Murrieta, investigador del CIDE