Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Rosa Icela Rodríguez, titular de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y a Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, y al presidente municipal de Apatzingán, José Luis Cruz, por el suicidio de un hombre en las inmediaciones de la Dirección de Seguridad Pública ocurrido en 2015.
La recomendación fue realizada por hechos ocurridos el 21 de diciembre del 2015, en los cuales estuvieron involucrados elementos de la policía federal, personal de la Procuraduría General del Estado, ahora Guardia Nacional y FGE, respectivamente, y algunos empleados del ayuntamiento de Apatzingán.
Los hechos se suscitaron debido a que una persona que se encontraba bajo custodia en Seguridad Pública del ayuntamiento quien se quitó la vida, suceso del cual se enteró el hermano de la víctima por una tercera persona y acudió al Semefo donde fue informado de que su hermano tenía ahí tres días.
Unos días después de lo sucedido, familiares de la víctima acudieron ante la CEDH e interpusieron una queja, la cual fue turnada a la Comisión Nacional para su resolución. El organismo averiguó y acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima.
Mientras los agentes tenían bajo su cuidado y privado de la libertad a este hombre no le dieron acceso a la seguridad jurídica, atención médica, ni se cuidó su integridad física o se le garantizó su derecho a la justicia a sus familiares.
Derivado de lo anterior es que se emite la recomendación por la CNDH, donde las autoridades deben reparar el daño a la familia del sujeto e inscribir el nombre del afectado en el Registro Nacional de Víctimas para que los familiares puedan tener acceso a recursos de ayuda, asistencia, reparación del daño y atención psicológica.
Además, las autoridades a las que se les elaboró la recomendación deben ayudar a integrar las quejas que se hagan en contra de los servidores públicos que estén relacionados en la violación a los derechos humanos.
También se debe diseñar e impartir cursos para el personal de la Guardia Nacional, de la FGE, médico de la Secretaría de Seguridad y en el caso de que quienes participaron en el suceso se debe asegurar que estos participen.
Los cursos serán sobre capacitación y formación en derechos humanos, seguridad jurídica, debida procuración de justicia, integridad personal con la intención de que se prevengan hechos similares a los que motivaron esta recomendación.