Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Este lunes en rueda de prensa, integrantes de la sección XVIII de la CNTE exigieron la destitución del subdirector de secundarias técnicas en Michoacán, José María Gómez Romero, por mala administración ante los trámites de profesores y normalistas egresados.
Algunos inconvenientes que los profesores reclaman son la falta de formatos únicos de personal que ya fueron firmados, pero no han sido entregados, así como la reubicación de pago, ordenes de adscripción, asensos y retención de pagos desde antes de septiembre del 2019.
“En las mesas que se sostuvimos, el subdirector mencionó que en el caso de estos temas ya no iba a resolver nada porque ya iba de salida y se nos hace una situación injusta”, refirió el secretario técnico de Gestoria, Edgardo Serrato.
Esta situación pone en riesgo las claves para los normalistas egresados al no contar con una orden de adscripción y un formato único de personal, lo que implica que, ante la federación, los docentes no están trabajando y por lo tanto no son acreedores a una clave que se trabajó mediante un proceso acordado con la CNTE.
La titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Secundarias Técnicas, Claudia González Navarrete dijo que son miles los trámites suspendidos, “Es grave que a estas alturas lo compañeros tengan retenciones (…) algunos de ellos tienen Covid-19 y siguen sin salario por culpa de la subdirección”, afirmó.
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Asimismo, señaló que otros conflictos que se han originado en secundarias técnicas han sido provocados por la misma área, como la persecución en contra de docentes centistas.
Edgardo Serrato indicó que sí existe persecución administrativa en contra de la CNTE de la región Zamora que se ejerce de manera indolente y en perjuicio de los trabajadores, además, han salido procesos irregulares que no corresponden a proceso avalados por la federación.
Por lo anterior, también solicitaron una auditoria a la subdirección para que se verifiquen los hechos y se den a conocer. Además, reafirmaron que continúan exigiendo el pago para profesores estatales a los que se les adeudan alrededor de 3 mil millones de pesos en salarios y prestaciones.