Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas no solo carece de titularidad, sino también de una ley que le permita mayores facultades. Ante ello, el excomisionado Marco Antonio Hernández Zaragoza, quien renunció al cargo en mayo de este año, presentó ante la presidencia del Congreso del Estado una iniciativa en la que se establezcan los lineamientos del organismo.
“El trabajo de búsqueda de personas actualmente es unilateral”, acusa, pues solo la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene facultades para ello. Por ello, es necesario establecer una ley que “embone y se armonice con la de la Fiscalía General de la República (FGR) en virtud de que estas instituciones tienen una plena responsabilidad entre sus facultades, para que unos hagan una cosa y otros otra”.
Detalla que la FGE tiene un papel fundamental de acuerdo a sus facultades, que es la de investigar los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares. Explica que cuando hay la ubicación de un cuerpo o de restos humanos, realiza los levantamientos correspondientes, y si no aparece algún familiar a reclamar los restos, éstos se van a la fosa común. Sin embargo, con el cementerio forense, que administrará la Comisión de Búsquedas, éstos quedarán resguardados.
La Comisión no cuenta con las atribuciones requeridas para, por ejemplo, realizar la exhumación de cuerpos, lo que imposibilita su actuar, afirma. Por ende, ya cuenta con el apoyo de siete asociaciones civiles: la Barra de Abogados Generalísimo Morelos, el Colegio de Abogados Juristas de Michoacán, Ángel de Corazón, Porque te nace ayudar, Manos Unidas por los derechos humanos, el Centro Mexicano de Derechos Humanos y quienes integran la Revista Expresión Universal, quienes proponen una ley que haga funcionar a la Comisión.
Como extitular de búsqueda, Hernández Zaragoza afirma que el Centro Estatal de Identificación forense comúnmente conocido como “cementerio forense” ya está construido en su totalidad, solo que para que entre en funcionamiento, es necesaria la ley que hoy impulsa.
“Nada más estamos esperando que se pueda consolidar la ley para que pueda entrar en funciones este cementerio”, afirma, pues la reglamentación no existe.
