Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- Integrantes de la comunidad indígena de San Miguel Aquila acordaron este domingo que no van a reactivar los trabajos en la minera Ternium, y culpan al representante de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) de estar del lado de la empresa de capital argentino e italiano.
A través de un comunicado dirigido al presidente de México y a organizaciones internacionales, detallan que la demanda sigue siendo la misma: la aparición con vida de los activistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, de quien no se tiene noticias desde el pasado 15 de enero cuando un comando armado los plagió en Cerro de Ortega, perteneciente a Colima en frontera con Michoacán.
Hasta ahora, el único detenido por el caso es José Cortés Ramos, alias “El Cochelo”, comunero de San Miguel Aquila de quien se sospecha es el autor intelectual del secuestro. Él mismo encabezaba un grupo minoritario que se oponía a que la Procuraduría Agraria emitiera una convocatoria para hacer una asamblea general en la que se elija a un comisariado de bienes comunales y un consejo de vigilancia, órganos internos que están acéfalos desde 2019.
Señalan que desde el pasado 15 de junio, un Tribunal Colegiado de Morelia falló a favor del grupo mayoritario en forma definitiva, por lo que en las próximas semanas el Tribunal Unitario Agrario número 38 ordenará a la representación de la Procuraduría Agraria de Michoacán emitir convocatoria para la realización de la asamblea.
En ese entorno, el 22 de enero los integrantes de la comunidad solicitaron detener los trabajos en la mina y un mes después la empresa se declaró en paro técnico. Desde entonces, señala el comunicado, nunca se lanzó la convocatoria para tener un comisariado de bienes, lo que sigue provocando un clima de inseguridad con más asesinatos en la zona.
De manera particular, subrayan que Ignacio Ocampo Barrueta, representante de la Segob en Michoacán, ha insistido en diversas reuniones que se reabra la mina, lo que los hace dudar de su imparcialidad en el caso.
Añaden que por esos hechos han decidido desconocer al funcionario como interlocutor, pues en vez de ser mediador del conflicto, su actuación es completamente parcial.