Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los pobladores de la comunidad indígena de Nahuatzen dicen estar cansados de esperar a que les asignen los recursos económicos que por ley les corresponden. Por ello, han puesto de plazo cuatro semanas para que la Secretaría de Gobierno destrabe un conflicto que ya se está haciendo añejo. De lo contrario, prometen que tomarán medidas más radicales.
En septiembre de 2015, los vecinos del pueblo determinaron desconocer a la autoridad municipal e iniciar el proceso en búsqueda de un gobierno bajo usos y costumbres, para lo cual conformaron un consejo ciudadano. La lucha rindió sus primeros frutos en 2017, cuando el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) les reconoció ese derecho. Por tanto, se instruyó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para organizar una asamblea en la que se establecerían los detalles para transferir los recursos del ayuntamiento a la comunidad.
El 24 de mayo de ese año se realizó la consulta y el 12 de junio el ayuntamiento aprobó transferir los recursos. Sin embargo, a mediados de noviembre tres líderes locales fueron acusados por el delito de sabotaje: Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez y Gerardo Talavera, quienes después fueron condenados a siete años de prisión. Finalmente, en febrero del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata, además de absolución, pero con todo ese entramado los recursos no han llegado al pueblo.
En entrevista, Antonio Arreola detalló que este martes sostuvieron una reunión con las autoridades estatales para destrabar por completo el conflicto, por lo que la Segob, a través de su director Juan Daniel Manzo, les prometió una segunda audiencia que habrá de realizarse en un plazo máximo de dos semanas. “Tenemos la ley de nuestro lado, así que no les queda más remedio que otorgarnos los recursos que nos corresponden, los que tanto hemos peleado desde 2015”, señaló.
Esa cantidad ronda los 35 millones de pesos anuales, pero “prácticamente nos los han robado desde 2021”, reclamó Arreola Jiménez.
Crimen asecha a la comunidad
Con la dependencia del gobierno municipal, la comunidad indígena de Nahuatzen sufre de los embates del crimen organizado. Arreola afirma que no solo hay enfrentamientos entre bandas rivales, sino una serie de delitos como el secuestro, cobro de piso y extorsiones. “Ya nos han dejado tres cuerpos, dos de mujeres y un hombre, pero el gobierno no informa nada. Los mismos elementos de seguridad son los que distribuyen las drogas y no se diga de la deforestación, porque los bosques se los están acabando para sembrar aguacates”.
En ese contexto, exige que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visite a la comunidad, pero que lo haga abiertamente, pues tienen entendido que cuando ha ido “es en secreto, tal vez tiene miedo de que el pueblo le haga reclamos”.
