Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Habitantes de la comunidad de Santiago Azajo, municipio de Coeneo, denunciaron que hubo detenciones arbitrarias el pasado viernes 21 de enero, cuando elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) arrestaron a 210 indígenas luego de un conato de violencia en las oficinas de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, ubicadas en el Bosque Cuauhtémoc, donde hubo mobiliario destruido.
El comunero Heriberto Aguirre dijo en entrevista que entre los arrestados hubo adultos mayores, mujeres, niños “y hasta cuatro infantes de brazos”, añadiendo que esa población vive una división interna a raíz de la entrega del presupuesto directo, la cual fue avalada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
“Durante la madrugada del sábado 22 de enero, la mayoría de las madres de familia, menores y otros indígenas fueron subidos a un camión y liberados al amanecer sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de Capula, no sin antes haberlos maltratado y vejado verbalmente durante su detención en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Durante el fin de semana continuaron detenidos otros 75 indígenas”, relató Aguirre.
Los detenidos están en contra de que se entregue el presupuesto directo porque ven corrupción en dicho sistema, refirió Antonio, uno de los indígenas que logró escapar de la persecución.
En la región se asegura que este grupo es afín a la presidenta municipal de Coeneo, Marcela Velázquez Vázquez, de Morena, pero que no comparte la postura del mandatario de estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, de otorgar el presupuesto financiero a las comunidades indígenas sin que haya reglas claras de fiscalización para evitar fugas del presupuesto.
Este dilema político, donde hay siete millones de pesos en disputa, ha generado división en la comunidad. De acuerdo con Heriberto Aguirre, la postura del gobierno del estado, hasta la tarde del domingo, era dejar libres a la mayoría de los indígenas bajo la condición de que los inconformes dejen de lado sus manifestaciones y acepten la entrega de recursos para su administración directa al concejo indígena ya electo.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no ha emitido recomendación alguna respecto al tema ni se ha pronunciado sobre la posible violación a los derechos de los indígenas presos, y solo informó sobre la integración de dos quejas, la MOR/0061/2022 y MOR/0062/2022, a petición de los propios comuneros, mismas que se encuentran en trámite.
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) dijeron no tener inferencia en esa comunidad, pues no forma parte de su organización. El dirigente Pavel Ulianov Guzmán precisó que esperarán a tener una asamblea general para determinar una postura respecto a esta situación.
CNTE brinda apoyo
El sector IX de Educación Indígena y la CNTE Poder de Base exigió la liberación de la maestra Ofelia Sosa de la Cruz y los comuneros detenidos de la comunidad Santiago Azajo, pues aseguran que fueron detenidos y golpeados luego de entablar un diálogo con autoridades del gobierno estatal.
“Exigimos al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla que cese la represión y la persecución política y selectiva contra las comunidades indígenas, así como de todo el movimiento popular, magisterial y estudiantil”, refirió el gremio en un comunicado.
Agregó que responsabilizan al mandatario estatal de la integridad física y psicológica de Sosa de la Cruz y de los 74 comuneros más que se encuentran detenidos.
