Morelia, Michoacán (OEM Infomex).. Desde que comenzó la etapa del juicio oral por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, Diego Urik no se le había visto tan solo como en la sesión de este miércoles, cuando escuchó que se le condenaba a 50 años de prisión.
En la primera mitad de la audiencia estuvo en un rincón del penal David Franco Rodríguez, aislado, haciendo valer su derecho de no asistir de forma presencial a la sala. El momento no se prolongó más allá de la hora y media, tiempo que fue suficiente para desahogar dos testigos de la Fiscalía y concluir con los alegatos para la individualización de la pena.
En la sala estaba solo uno de los 12 abogados que llegó a tener como defensa. Atrás quedaban los días donde no había sillas suficientes para un robusto cuerpo legal de hasta nueve hombres trajeados que increpaban las pruebas aportadas por los agentes del Ministerio Público.
Tampoco estaba la familia del joven, esa que hizo acto de presencia a cada una de las jornadas de debate, cuando su padre protagonizó discusiones lo mismo con las víctimas indirectas que con los testigos o con los guardias de seguridad.
El augurio de la derrota se notó en el abogado defensor, quien durante uno de los recesos simplemente se hundió en una banca afuera de la sala y se quedó dormido por varios segundos.
Te puede interesar: Desaira Fiscalía audiencia en caso Frida Santamaría
Ya no había nada qué hacer, nada qué revisar. Había solicitado la pena mínima (35 años) para su cliente, pero ya intuía que eso, iba a ser imposible.
La sorpresa para Diego vino en la segunda mitad del día, cuando el juez le ordenó estar presente en la sala y ahí, a unos metros de la familia de Jessica, escuchó como un trueno la sentencia: 50 años, la pena máxima permitida en Michoacán.
Con un operativo de seguridad que incluyó a 11 custodios, Diego Urik se sentó a regañadientes y le reclamó al juez la necesidad de estar ahí, pero su enojo no hizo inmutar al jefe del tribunal.
Ataviado con sudadera blanca, Diego fue encapsulado por los policías y prácticamente resultó imposible apreciar su reacción cuando se dijeron las palabras “50 años de prisión”. Mientras a él lo trasladaban de regreso a su celda, el abogado emprendió el camino al estacionamiento y en el camino se encontró con un grupo de feministas que lo increparon “por defender a un feminicida”.
Aunque la condena por 50 años, prácticamente no significa nada para la familia de Jessica, su madre Verónica salió satisfecha, pues por fin termina un largo proceso legal que duró dos años y cinco meses. “Fue un logro de todos, incluidas las niñas que salen a gritar”, dijo, en referencia a las colectivas feministas, y se fue sollozando.
“Ana Luz, aquí está tu manada”
Al mismo tiempo, pero en otra de las salas del Poder Judicial, la jueza Ana Lilia García Cardona tenía en sus manos el caso de la niña Ana Luz, asesinada el 19 de mayo de 2019 en Pátzcuaro, a sus 11 años de edad. El inculpado es su medio hermano, de nombre Isidro, quien vivía en la misma casa y se dedicaba a repartir pizzas y trabajar en un taller de hojalatería y pintura.
Basada en las pruebas presentadas por la FGE, la jueza encontró los elementos suficientes para declararlo culpable de un crimen cometido con arma blanca, hiriendo el cuello de la víctima, quien además recibió nueve golpes en el cuerpo. Según los relatos dados a conocer el martes, el hombre fue capturado en el taller de reparación, con un celular que pertenecía a la niña y en posesión del cuchillo con que le arrebataron la vida.
Afuera del Poder Judicial, las feministas colgaron mantas exigiendo justicia por el caso: “Ana Luz, aquí está tu manada”, se leía en una de ellas, mientras los padres de la menor salían prácticamente sin reflectores. En entrevista, su papá celebró el fallo y espera que el 24 de febrero se le dicte una sentencia ejemplar, que también podría ser de 50 años.
Ampliar penas para feminicidas
Este jueves en sesión del Congreso de Michoacán, los diputados votarán el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad Sustantiva y de Género que de aprobarse por mayoría el Código Penal del Estado tendría reformas importantes para agravar las penas en el delito de feminicidio.
La propuesta del Ejecutivo que originalmente se había enviado al Congreso local contemplaba modificar el artículo 120 del Código Penal del estado para ampliar las penas de cárcel hasta 60 años, misma que fue aprobada por los diputados en septiembre de 2022, sin embargo, en noviembre pasado el mandatario la devolvió con tres observaciones.
Esta semana, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso enlistó en la orden del día para la sesión del 16 de febrero el dictamen en el que se aceptan parcialmente las observaciones planteadas por el gobernador, mismas que deberán ser discutidas y aprobadas por el Pleno.
De acuerdo al artículo 37 la discusión y aprobación de los dictámenes deberá hacerse por la mayoría de los diputados presentes, aprobado el proyecto se debe remitir al Ejecutivo y si no hay observaciones se publicará inmediatamente en Periódico Oficial del Estado.
También el artículo antes referido establece, que, “se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción; vencido este plazo, procederá a su promulgación y publicación inmediata”.
Entre las observaciones que hizo el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, se encuentran, el número mayor de párrafos, que no se consideraba una pena adicional de 15 a 35 años por la tentativa de feminicidio cuando la víctima estuviera embarazada o el producto perdiera la vida, la falta de argumentación para que las mujeres estén libres de cualquier tipo de violencia y se reitera, que se establezca una pena para el servidor público que entorpezca la procuración de justicia.
En Comisiones Unidas, se aceptó reformar el artículo 120 para incluir el concepto de feminicidio, el cual a la letra señala que, “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Se establece la razón de género como móvil de feminicidio, reconociendo la discriminación a la que ha sido sometida la mujer históricamente y los factores que obligan al homicida cometer este delito basado en que puede disponer de la vida de una mujer.
Otras de las observaciones admitidas por las legisladoras, fue replantear la redacción del artículo 71, respecto a la puntibilidad de la tentativa de feminicidio, además de que se elimina el término de “perder la vida”, porque si la mujer embarazada es asesinada resulta evidente que el producto también se pierde.
Se reconoce que en estos términos, se protege a la mujer embarazada cuando el homicidio se cometa por estar en esta condición.
Aceptaron, también, sancionar al servidor público que de manera negligente, dolosa, o maliciosa retarde o entorpezca la procuración y administración de justicia.
