Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- El informe individual de resultados de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) señala que el Congreso del Estado no pudo comprobar el uso de 275 millones de pesos durante 2018; además, se negó a dar información al respecto, justificando que la fiscalización de los recursos financieros no era una actividad esencial en época de pandemia.
En el mes de junio la ASM realizó de forma preliminar un informe anual de resultados y observaciones de la revisión del ejercicio fiscal de 2018 al Congreso del Estado, en el cual se detectó que el Poder Legislativo de Michoacán realizó prestaciones de nómina no contempladas dentro del Tabulador de Sueldos; además de que se detectaron nóminas sin firmar, nóminas a las que no se le realizó la retención de impuestos, y transferencias sin justificar.
En específico las observaciones fueron por el concepto "Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Servicios Generales" con un importe de 215 millones 033 mil 307.00 pesos no se presentaron documentos que la justificaran.
En el mismo sentido por el concepto de "Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Subsidios y Otras Ayudas, de un importe de 20 millones 510 mil 483.00 pesos.
Para la Secretaría de Finanzas por otorgar 44 mil 446.90 pesos en prestaciones adicionales al sueldo a un trabajador, en este caso por el concepto “Ajustes por Encargatura”, el cual no contemplado está concepto dentro del Tabulador de Sueldos autorizado para el Congreso del Estado, y sin que se cuente con alguna justificación o lineamiento del motivo por el cual se otorga este beneficio.
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Prestaciones por 9 millones 914 mil 647.38 pesos por el concepto de “Labores Extraordinarias”, cabe señalar que en algunos casos esta prestación es superior a los sueldo, además no se dio alguna justificación o lineamiento por el cual se otorga.
Además, de esos 9 millones, 3 millones 661 mil 988. 44 pesos fueron por el concepto de “Apoyo a Diputados”.
Por concepto de “Gastos Médicos”, se otorgaron 2 millones 944 mil 954.6 pesos, sin justificación y como prestación adicional al sueldo de diversos trabajadores, de los cuales 2 millones 629 mil 320 fueron para los diputados.
También, se registraron 5 millones 356 mil 122. 27 pesos por “Ingresos en Servicios”, de los cuales los diputados recibieron 5 millones 19 mil 566.51 pesos, por si eso fuera poco, esta cantidad no contó con retención de impuestos sobre la renta.
Otro más por concepto de “Ingresos por Riesgo de Trabajo”, por la cantidad total de 8 millones 344 mil 149.85 pesos, de los cuales los diputados recibieron 7 millones 999 mil 999. 96 pesos.
La cantidad de nóminas emitidas sin firma por el Congreso en 2018, fue por 7 millones 220 mil 153.08 pesos, de estos, los 40 legisladores recibieron 1 millón 175 mil 949.08 pesos.
Al pedir justificación sobre estas observaciones, el Congreso contestó que “la actividad de fiscalización no era esencial por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”. Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2020, en el Artículo Primero, fracción 2 inciso b, señala que la actividades legislativas en los niveles federal y estatal se consideran esenciales, teniendo que la actividad propia de la fiscalización corresponde a una atribución del Legislativo de acuerdo a los dispuesto en el artículo 44 fracción X y XI de la Constitución del Estado.
Se intentó entrevistar a los cinco diputados integrantes del Comité de Administración y Control, el cual tiene la atribución de supervisar y vigilar los recursos del Congreso, pero ninguno dio alguna declaración.
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