Morelia, Michoacán (OEM-infomex).- Debido a que el Congreso Local requeriría al menos cinco millones de pesos para realizar la consulta a comunidades indígenas y personas con discapacidad relacionada a la Ley de Educación, la diputada petista Belinda Hurtado Marín dijo que se pedirá la intervención del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que sean los encargados de aplicarlas en más de 200 comunidades de los pueblos originarios.
La decisión se tomó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los artículos 23, del 84 al 87, y del 94 a 102 de la Ley de Educación expedida mediante decreto publicado el 29 de mayo de 2020.
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La SCJN determinó que los preceptos afectan directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley.
Asimismo, el resolutivo del Alto Tribunal mandata al legislativo a reformar los artículos, pero también a que se lleven a cabo consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas con las personas de las comunidades indígenas, de personas afromexicanas y de personas con discapacidad para conocer su opinión respecto a las propuestas educativas con enfoque de inclusión.
Al respecto, Hurtado Marín, también presidenta de la Comisión de Educación, reconoció que es un tema pendiente en el Congreso que no ha sido atendido por los diputados locales integrantes de las Comisiones Unidas,debido a que cuando se ha convocado a reuniones no se cumple con el quórum requerido para las valoraciones que den cumplimiento con la sentencia emitida.
Sobre las consultas, confirmó que se requiere un presupuesto que por ahora no tiene el Legislativo derivado de los malos manejos y la presunta corrupción al interior de Palacio. Al menos se requieren cinco millones de pesos como se ha establecido en otros estados, tales como Veracruz.
Además, consideró la necesidad de que los diputados de las Comisiones Unidas de Educación, Indígena y de Discapacidad, soliciten la participación al IEM en ellas. La petición para que intervenga el órgano electoral, dijo la legisladora, es porque se invertiría menos recurso para elaborar las consultas.
"Con el IEM el recurso sería menor al menos unos 70 mil pesos, pero eso ya lo tendríamos que confirmar con el presidente, además de que habría una mayor organización y seguridad en las comunidades al ser expertos en el tema", remarcó.
Finalmente, la diputada externó que el tema de la Ley de Educación debe ser resuelto en este próximo periodo Legislativo, porque así fue mandatado por la SCJN; sin embargo, lamentó que no haya más interés de sus homólogos.
"Entiendo que el Congreso está en un receso, pero es un tema de interés colectivo que debería ser puesto a consideración, de lo contrario podríamos recibir un desacato", añadió.