MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- De hasta 60 millones de pesos podría ser la ampliación presupuestal que diputados de la LXXIV Legislatura solicitarían para el Ejercicio Fiscal 2019, con la intención de obtener mayores recursos y así cumplir con sus compromisos económicos, principalmente cubrir los cerca de 30 laudos laborales que arrastran desde hace seis años, la nueva estructura de la Auditoría Superior de Michoacán, la unidad de evaluación del Poder Legislativo y la sindicalización de 100 empleados.
Desde el pasado lunes, integrantes de la Junta de Coordinación Política sostuvieron un encuentro con la defensa jurídica del Congreso, misma que informó respecto a los procedimientos en material laboral, los cuales alcanzan un monto generalizado de hasta 15 millones de pesos, pues datan desde las LXXII y LXXIII legislaturas, y que de no cumplirse pondrían en riesgo de embargo el patrimonio del Congreso del Estado, toda vez que incluso en periodos anteriores la propia nómina ha sido incautada por orden judicial.
En entrevista previa a la reunión que ayer martes sostuvieron integrantes de la Jucopo, el Comité de Administración y Control, así como el titular del área de Finanzas, Alberto Chávez Sandoval, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Javier Estrada Cárdenas, admitió que ante la exigencia de los tiempos políticos no sería bien visto que el Congreso fuera embargado, no obstante el presupuesto cercano a los 923 millones de pesos que se aprobó para este año sería insuficiente, pues pese a “hacerle al valiente” con las medidas de austeridad republicana hay complicaciones para cumplir con dichos pendientes.
“Empezamos haciéndole literalmente ‘al valiente’ con el presupuesto que se proyectaba, y en aras de la austeridad, saliéramos adelante, vemos que estamos teniendo algunos problemas y esto de los laudos viene a acrecentar los mismos; la nueva estructura de la Auditoría y la Unidad de Evaluación (…) son temas que vuelven complejo el tema presupuestal”, subrayó.
En ese mismo marco, el diputado y coordinador parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, refirió que está pendiente la sindicalización de 100 empleados que “responsable o irresponsablemente” fueron basificados por las dos últimas legislaturas estatales, lo cual también se revisaría en dicha reunión, pues lo importante era calcular el impacto económico que en este año tendría para las finanzas del Congreso. Erogación que conforme a lo que estimó el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), Rogelio Andrade, rondaría los 15 millones de pesos anuales.
Por ello consideró que al ser retroactivas las prestaciones adquiridas una vez que se confirma el proceso de sindicalización, se visualizaría una ampliación presupuestal, la cual, dijo, iría en virtud de los pendientes con el Stasple y los 30 laudos laborales pendientes, ya que “eso en recurso no se tiene. Habrá que ver si dan alguna temporalidad o algunas facilidades de pago, por decir así, o si tiene que ejecutarse ya, pues se tendría que pedir una ampliación”.
Si bien Estrada Cárdenas no descartó la aplicación de recortes presupuestales en algunas áreas del Congreso, Núñez Aguilar refirió que pese a los intentos sería poco factible, optando más por la ampliación, pues para el caso de los laudos son ordenamientos judiciales urgentes de atender.