Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) ya intervinieron en el caso de los menores y más personas que fueron llevadas a anexos sin que lo requirieran, reveló en entrevista la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, Paula Edith Espinosa Barrientos.
La funcionaria dio a conocer que se valora la posibilidad de interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra algunos centros de rehabilitación, ya que en al menos dos de estos espacios el trato y las condiciones en que se tenían a los menores eran deplorables.
En días pasados, la encargada del DIF estatal reveló que a su llegada a la dependencia había alrededor de 100 menores en anexos sin que se justificara su estancia, muchos de ellos no tenían algún problema de adicción que ameritara estar recluidos.
Ante ello, la directora dio a conocer que la CEDH ya realizó revisiones en los anexos, y que con acompañamiento de la SSM se realiza un diagnóstico en dichos espacios para conocer puntualmente las condiciones en que están los menores y otras personas mayores de edad con algunos problemas de discapacidad o alguna otra situación de vulnerabilidad.
Espinosa Barrientos adelantó que se han detectado condiciones deplorables por diversos aspectos; por una parte, hay espacios físicos inadecuados, además de que han denunciado maltratos en los métodos de corrección. “Hay situaciones muy complicadas que de momento no puedo compartir hasta que esté el diagnóstico terminado”, mencionó la directora.
Niños convivían con adultos adictos
Paula Espinosa mencionó que hay niños de siete años y hasta adolescentes de 17 que fueron trasladados a anexos donde convivían con personas de hasta 40 años con problemas de adicciones.
Compartió que las historias de los menores involucrados en esta situación son muy tristes, y que principalmente son niños y adolescentes que vivieron situaciones complejas de violencia o de abandono. Los perfiles principales de este grupo vulnerable son niños huérfanos o abandonados por sus padres, menores con padres muy violentos que tras recibir agresiones fuertes fueron separados de ellos, así como niños con sus padres en la cárcel.
Tanto niñas como niños, sin una mayoría significativa por género, son parte de este sector vulnerable a resguardo del DIF estatal.
Interpondrían denuncias
La directora del DIF Michoacán señaló que ya están valorando la posibilidad de interponer denuncias formales sobre esta situación, dado que en al menos dos anexos las condiciones son deplorables.
Puntualizó que son alrededor de 10 anexos e instituciones de asistencia privada a los que se canalizaron a los menores en resguardo del gobierno estatal, y que si bien en algunos sí tenían en un buen estado a los albergados, hay casos en los que hay focos rojos por el trato hacia ellos y por el estado físico de los espacios.
Tras tener el diagnóstico completo, se tomará la decisión de interponer o no las denuncias, ya con las pruebas psicológicas y físicas que se les realizan a los menores, así como el reporte de la CEDH tras las revisiones en los anexos.
Espinosa Barrientos expuso que los menores fueron canalizados a los centros de rehabilitación por situaciones como mala conducta, como el intento de fuga de los albergues del DIF o incluso por falta de espacio.
En términos económicos, por cada una de las 100 personas que canalizó el DIF a anexos subrogados, el gobierno del estado paga entre siete mil 500 y ocho mil pesos mensuales.
A decir de Paula Espinosa, no se mantendrán algunos de esos convenios justamente por el tema de las condiciones en que tienen a las personas, pero también por el aspecto económico. Por el contrario, se buscará fortalecer los propios espacios del DIF estatal.
