Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Fertility Center Tabasco significa una apertura a generar condiciones que faciliten la trata de personas. En tanto, el llamado de la Corte a que los estados aprueben leyes en torno a la gestación subrogada es preocupante, consideró la doctora Irene López Faugier.
En el marco de conferencias organizadas por la asociación “A la de Tres por la Niñez”, la Escuela de Trabajo Social de la UNAM y el Comité Interisntitucional en Materia de Trata de Personas del Estado de Michoacán, la especialista alertó sobre la resolución con la que se legaliza la participación de empresas en contratos de gestación, justificando que ello es en pro de la libertad de trabajo y de comercio.
La investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lamentó que hace un mes la SCJN emitiera un fallo a favor de Fertility Center Tabasco, empresa que maneja un discurso de ayudar a las familias que no pueden tener un hijo a que lo tengan, sin embargo, tienen a todo un equipo trabajando en trata de personas.
“Buscan que se regule la trata para hacer un consorcio en todo el país”, expresó la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que dicha empresa tiene un equipo de médicos, abogados, reclutadores de mujeres, personal de relaciones públicas e incluso buscan espacios para alojamiento en el proceso de gestación, con el objetivo de tener todo lo necesario para el negocio de la renta de vientres para bebés.
Si bien cada mujer es libre de elegir cómo usa su cuerpo, la investigadora señaló que la mayoría de las jóvenes contratadas por empresas como Fertility Center Tabasco tienen un bajo nivel educativo, condiciones de pobreza y un entorno de violencia que las hace más vulnerables ante el llamado de los reclutadores.
“Muchas mujeres son engañadas, es trata de personas, aunque lo quieran manejar con otras palabras”, dijo López Faugier.
Expuso que mientras a las personas que pagan por tener un bebé, para diversos fines, les cuesta alrededor de 3 millones de pesos, a las mujeres que ponen su vientre les dan de 100 a 120 mil pesos en diferentes pagos.
Explicó que hay notarios que levantan un contrato de gestación y los jueces familiares lo aprueban. Estos también determinan el vínculo que va a tener el niño con las personas contratistas.
Después se acude al Registro Civil, donde se emite el acta de nacimiento, sin referir que es resultado de una técnica de reproducción asistida y se pone como progenitores a los que pagaron para tener al niño o niña.
La especialista condenó que ahora sea legal ese proceso, ya que vulnera derechos de mujeres e incluso de los niños procreados. Consideró que el tema implica criminalidad expandida, ya que no solo involucra a los delincuentes, sino a empresarios y al propio gobierno.
