Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los integrantes del partido Morena de la próxima legislatura amenazan con realizar una denuncia de hechos por las especulaciones que existen respecto a la desincorporación de bienes, sin embargo, no precisaron cuándo la presentarán pues aún la están redactando.
“Si hay algún tipo de corrupción en el tema de la desincorporación, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción se estaría aplicando”, indicó el diputado electo Fidel Calderón Torreblanca, quien aseguró que pedirán a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) actúe frente al "madruguete" que pretenden realizar los diputados del PRI, PAN y PRD de la actual legislatura.
“Si en este proceso o en cualquier otro se presume corrupción, la Auditoria del Estado, pero también la Superior, pueden intervenir”, dijo Calderón Torreblanca.
El amago de los próximos legisladores, liderados por Fidel Calderón, fue más allá al indicarse que entre las ilegalidades a la que podrían incurrir los diputados de la actual legislatura está la configuración del delito de asociación delictuosa, sin embargo, no enlistaron las flagrancias que se ejecutarían si se desincorporan los bienes.
Pese a que la diputada del PT, Brenda Fraga Gutiérrez, mencionó que el dictamen no cuenta con las firmas de dos de las integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, al documento solo le haría falta una firma, misma que puede brindar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por las atribuciones que tiene, conforme lo establece la Ley Orgánica del Congreso del estado.
Para Fraga Gutiérrez las convocatorias de la Jucopo, donde se presume la integración de la orden del día con la desincorporación de bienes, están siendo ilegal al haber una ausencia de diputados del partido Acción Nacional (PAN), quienes al haberse retirado del Congreso para asumir alguna presidencia municipal, dejaron sin el porcentaje que la ley exige para que su compañera María del Refugio Cabrera Hermosillo presida la Junta.
Aunado a ello, precisó que la única que tiene las atribuciones legales para llamar a una reunión de conferencia, para determinar qué día se puede llevar a cabo una sesión, es la presidenta de la Mesa Directiva, la expriísta Yarabí Ávila González, llamado que hasta el momento no se ha dado.
Por ende, ya se prepara una acción de inconstitucionalidad, indicó la petista.