MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Luego que el Tribunal Electoral del Estado avalara la prescripción de una multa por 10 millones 596 mil 339 pesos al Partido Revolucionario Institucional, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José Tena García, criticó la falta de rigor administrativo por parte del Instituto Electoral de Michoacán al haber sido omiso en aplicar la sanción económica a la institución política en un lapso de diez años.
Desde su óptica, Tena García señaló que la resolución emitida por el TEEM en términos legales es adecuada, sin embargo, cuestionó la responsabilidad que, desde la presidencia del IEM hasta su área técnica, tuvo para que transcurriera una década desde que se mandató la multa y nunca requerir su pago sacando a flote los diversos señalamientos que se han hecho durante años hacia el órgano electoral local, mismos que van desde la adquisición del inmueble, el cual dijo, se pagó dos veces hasta su incapacidad para nombrar a un titular de la controlaría interna.
“Hay una falla de origen administrativa, de falta de pulcritud en esa área del instituto desde hace año. Va de la mano de la falta de un adecuado procedimiento de generar un contralor que se les mandató desde hace dos años (…) porque los perfiles no son idóneos y es increíble que el órgano electoral local no pueda generar un procedimiento transparente”, señaló sorprendido el representante de los ciudadanos ante el SEA, recordando el hecho de que el Congreso de Michoacán regresó en tres ocasiones la terna para la titularidad del órgano de control interno.
El presidente del CPC insistió que es evidente el desaseo administrativo que por años ha prevalecido en el IEM, ya que se acumula a un conjunto de fallas y señalamientos administrativos que ha tenido el instituto desde hace años, reiterando la gravedad de que no exista un contrapeso al interior de la institución para cumplir con las normas administrativas a las que está sujeta.
“Licitaciones directas de resultados preliminares a precios más altos que en otras entidades; bonos que se llegaron a entregar por horas extras de trabajo a consejeros; liquidaciones; ni siquiera digo que sea justo o injusto, hay un desaseo administrativo y no ha habido un órgano de control que esté al pendiente de que se cumpla con la normatividad administrativa”, adelantando que como comité ciudadano anticorrupción consultarán al comité coordinador emitir una recomendación al IEM.
Si bien en últimos días tanto el Partido del Trabajo, como el IEM, y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación se inconformaron ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución del TEEM;
Por su parte, el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, dijo no estar de acuerdo con la resolución del tribunal local y (aunque sí impugnaron la determinación del TEEM en conjunto con el Partido del Trabajo y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), argumentó:
“Esto no fue de perdón o ninguna hechura o confabulación, son cuestiones jurídicas y que un partido político hizo valer su legítimo derecho y el Tribunal Electoral consideró su postura, particularmente no estoy de acuerdo con la resolución”.
Se prevén “bajas” en el personal del IEM
Por otra parte, ha trascendido que las fallas administrativas al interior del propio instituto electoral obligarían a que las titulares de la secretaría ejecutiva del IEM, Ana María Vargas Vélez y María de Jesús García Ramírez, directora de Administración, estén próximas a separarse de sus cargos pese a que rindieron protesta el pasado seis de mayo, es decir, han transcurrido poco más de dos meses desde su nombramiento.
La primera de ellas: Ana María Vargas Vélez, quien al haber sido seleccionada dentro de la terna de aspirantes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, podría separarse de su puesto en caso de que fuera favorecida en la votación, cuyo procedimiento se llevará a cabo en próximos días por parte del comité coordinador del SEA. Disputándose la posición con Arturo Ángel Parra Luviano y Rogelio Chávez Martín.
Mientras que, para el caso de la actual directora ejecutiva de Administración, María de Jesús García Ramírez, ha anticipado su renuncia en el cargo con fecha del próximo 15 de agosto, sin embargo, todavía estaría por confirmarse. Así como el nombramiento de quien asuma la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social, luego de que Nathaniel Andrade Linares fuera depuesto y, aunque se mantiene como encargado de despacho en el área, no ha quedado definida la posición pues algunos perfiles propuestos han declinado la oferta.
