Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Felipe Morales Correa, director del Instituto de Defensoría Pública de Michoacán (IDP), aceptó que los también llamados abogados de oficio enfrentan un panorama caracterizado por la saturación laboral, por lo que sigue pendiente que se dignifique su trabajo.
Ante los medios de comunicación y en medio del acto para celebrar esta profesión, el funcionario dijo que el instituto se compone de 175 abogados, quienes tienen que atender un alto número de casos que tan solo el año pasado fue de 13 mil 500, un promedio de 77 por cada empleado que gana un salario mensual de 24 mil pesos.
A pesar de la saturación, Morales Correa afirmó que ocho de cada 10 asuntos son ganados en los tribunales, con lo que negó que por el alto número de la demanda se hagan defensas sin calidad. “Es excepcional la eficiencia, hay compañeros que incluso tienen 90 casos, están comprometidos y las cifras nos dan la razón”, señaló.
La figura de la defensoría pública tiene una representación federal a través del Consejo de la Judicatura y una en cada entidad de la República. Su papel es ofrecer servicios de orientación y representación legal de forma gratuita, tanto en lo civil como en lo penal.
En la recta final del gobierno de Silvano Aureoles, defensores públicos se manifestaron en diversas ocasiones para denunciar despidos masivos, excesiva carga laboral e incumplimiento con el pago de compensaciones.
Sin embargo, Felipe Morales Correa señaló que esos problemas se han ido solventando con más presupuesto e incluso prometió que próximamente ofrecerán un 50 por ciento de descuento en estudios clínicos. “Esperemos que en el corto plazo se solucionen todas sus peticiones, pues tenemos el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, vaticinó.
