Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La falta de intérpretes en lenguaje de señas mexicano refleja la ineficiencia que existe en el sector salud y judicial principalmente, coinciden en señalar el diputado local, Víctor Zurita Ortiz y sus intérpretes, Alicia García Galindo y Víctor Manuel Múgica Vega, especialistas en lengua de señas.
Aunado a ello, los expertos en el tema reciben salarios mediocres que no refleja la formación que les lleva al menos ocho años para acceder a una certificación, agregan.
En Michoacán existen sólo cuatro intérpretes certificados de los 40 que en total tiene el país, entre ellos está Víctor Manuel, quien además es el único legitimado como perito para procesos judiciales en el estado.
Los casos de abuso policial o de malos diagnósticos respecto de la comunidad sorda tiene mucho que ver con la falta de intérpretes, comentó en conferencia de prensa el diputado de Morena, Víctor Zurita Ortiz, quien pertenece a este sector social.
El congresista aseguró que pese a no existir una estadística que refleje al abuso policial, la violencia de género o los diagnósticos erróneas existen, por lo que la inclusión no debería basarse únicamente en la modificación de inmuebles o calles, sino también en la integración de intérpretes en las instituciones públicas, con lo que se atenderá otra parte de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad.
Por su parte, Alicia y Víctor Manuel coinciden en señalar que el pago para quienes se dedican a la interpretación de señas es generalmente injusto. El tabulador nacional marca 600 pesos por el pago de sus servicios durante una hora, pero nadie los paga.
Por eso no existen muchos intérpretes, aunado a que el programa de certificación de la Secretaría de Educación y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadi) desapareció y en su lugar el Conadi sólo coadyuva con el INEA para abatir el rezago educativo de las personas con discapacidad.
Pocas son las voces que existen para las 36 mil personas sordas que hay en Michoacán, resaltó, al declarar que su labor no es reconocida ni valorada.
Manuel relató que en alguna ocasión prestó sus servicios para un proceso judicial en Tacámbaro, trabajo por el que no le pagaron y además puso de su bolsa para el traslado.
