La Visitaduría Regional de Zamora, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos logró una resolución favorable en los casos de dos estudiantes que fueron afectados en su derecho a la educación.
El primero de ellos se refiere al expediente CEDH/0089 a través del cual la Visitaduría Regional emitió medida cautelar a fin de que de forma inmediata se le restituya su derecho a la educación a una persona adolescente, a quien se le había negado el acceso al plantel por su aspecto físico.
De acuerdo con la Comisión, al estudiante se le aplicaban de forma lesiva un estereotipo por motivo de su apariencia física y corte de cabello, lo que generaba distinción y discriminación hacia su persona. Además de que se violaba su derecho al desarrollo de la libre personalidad.
En este caso, la directora de una Secundaria Federal de Santiago Tangamandapio, acató de manera voluntaria la medida cautelar emitida por la Visitaduría.
En el otro tema, se aplicó un mecanismo alterativo de solución en el caso documentado en el expediente CEDH/0910, que da cuenta de la posible discriminación que padecía un niño por tener una diversidad funcional.
Aquí se recurrió al mecanismo alterno de solución de controversias en la modalidad de mediación/conciliación, lo que derivó en un convenio para garantizar el sano entorno educativo dentro de una escuela primaria de Zamora, firmado por padres de familia y autoridades educativas.
Con esto, se logró que en lo sucesivo al infante se le asista a través de la figura del tutor monitor, para garantizar el bienestar del pupilo asistido y de la demás comunidad estudiantil y así evitar algún tipo de discriminación y menoscabo a las partes interesadas.
La Comisión recordó que el modelo educativo actual obliga a que en un mismo plantel escolar convivan todos los estudiantes, sin distinción de edad, orientación sexo genérica, color de piel, o, cualquier otra condición particular, generando en todo caso, las autoridades escolares los “ajustes razonables” para alcanzar esta meta.
Estas acciones forman parte del Nuevo Sistema de Gestión y Atención Integral que ha implementado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, a favor de quienes ven vulnerados sus derechos humanos fundamentales.