/ martes 27 de septiembre de 2022

Discutirán nueva iniciativa sobre despenalización del aborto en Michoacán

Proponen de seis a 13 años de cárcel a quien cause la interrupción del embarazo mediante violencia física

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De tres a ocho años de prisión sería la sanción para quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento en cualquier etapa de la gestación, y de seis a 13 años de cárcel para quien lo cause mediante violencia física, de acuerdo con el nuevo proyecto de decreto sobre el tema.

La propuesta de iniciativa será presentada el próximo jueves ante el pleno del Congreso local por la diputada priista Adriana Hernández Íñiguez, la cual busca atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció como inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y a su vez, se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.

La legisladora plantea en la iniciativa de decreto las reformas a los artículos 141, 142, 143, 144 y 146 y la derogación del 145, este último relacionado con el aborto involuntario, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Iván Villanueva | El Sol de Morelia

De acuerdo con Hernández Íñiguez, el hecho de que el tema del aborto sea controversial en Michoacán y a nivel nacional, es porque hay un estereotipo hacia las mujeres respecto a ser madres, lo cual permea en lo legal donde se criminaliza el aborto y se castiga a quienes desafían las normas de reproducción.

Entre las modificaciones, la diputada propone que a quien haga abortar a una mujer con consentimiento previo de esta, después de las 12 semanas de embarazo, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión.

Los médicos cirujanos, partera o enfermero que causen un aborto forzado, serán suspendidos de dos a seis años en el ejercicio de su profesión.

Asimismo, la persona que haga abortar a una mujer sin su consentimiento, en cualquier etapa de la gestación, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, y si hubiera violencia física o psicológica, de seis a nueve años de cárcel.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

“Se impondrán de seis a 13 años de prisión y multa a quien cause el aborto mediante violencia física que ejerza sobre la mujer para aquel fin, o ejerza dicha violencia o coerción psicoemocional sobre otra persona que influya sobre la mujer”, establece la propuesta de la priista.

De acuerdo con la investigación que realizó el Guttmacher Institute en 2009, los abortos inducidos en Michoacán por grupos de edad fueron en total 39 mil 410 y de acuerdo con un rango de edad: 15-19 años (ocho mil 972), 20-24 años (nueve mil 681), 25-29 años (siete mil 558), 30-34 años (seis mil 207), 35-39 años (cuatro mil 627), 40-44 años (dos mil 365).

“Estas cifras son de hace 14 años, la situación no ha cambiado mucho porque Michoacán sigue sin aprobar el aborto legal, por lo cual las mujeres michoacanas seguirán teniendo abortos inducidos de maneras clandestinas y por lo tanto arriesgando sus vidas sin tener la posibilidad de que se les atienda en hospitales por el prejuicio que se le tiene”, precisa el documento.

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De tres a ocho años de prisión sería la sanción para quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento en cualquier etapa de la gestación, y de seis a 13 años de cárcel para quien lo cause mediante violencia física, de acuerdo con el nuevo proyecto de decreto sobre el tema.

La propuesta de iniciativa será presentada el próximo jueves ante el pleno del Congreso local por la diputada priista Adriana Hernández Íñiguez, la cual busca atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció como inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y a su vez, se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.

La legisladora plantea en la iniciativa de decreto las reformas a los artículos 141, 142, 143, 144 y 146 y la derogación del 145, este último relacionado con el aborto involuntario, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Iván Villanueva | El Sol de Morelia

De acuerdo con Hernández Íñiguez, el hecho de que el tema del aborto sea controversial en Michoacán y a nivel nacional, es porque hay un estereotipo hacia las mujeres respecto a ser madres, lo cual permea en lo legal donde se criminaliza el aborto y se castiga a quienes desafían las normas de reproducción.

Entre las modificaciones, la diputada propone que a quien haga abortar a una mujer con consentimiento previo de esta, después de las 12 semanas de embarazo, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión.

Los médicos cirujanos, partera o enfermero que causen un aborto forzado, serán suspendidos de dos a seis años en el ejercicio de su profesión.

Asimismo, la persona que haga abortar a una mujer sin su consentimiento, en cualquier etapa de la gestación, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, y si hubiera violencia física o psicológica, de seis a nueve años de cárcel.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

“Se impondrán de seis a 13 años de prisión y multa a quien cause el aborto mediante violencia física que ejerza sobre la mujer para aquel fin, o ejerza dicha violencia o coerción psicoemocional sobre otra persona que influya sobre la mujer”, establece la propuesta de la priista.

De acuerdo con la investigación que realizó el Guttmacher Institute en 2009, los abortos inducidos en Michoacán por grupos de edad fueron en total 39 mil 410 y de acuerdo con un rango de edad: 15-19 años (ocho mil 972), 20-24 años (nueve mil 681), 25-29 años (siete mil 558), 30-34 años (seis mil 207), 35-39 años (cuatro mil 627), 40-44 años (dos mil 365).

“Estas cifras son de hace 14 años, la situación no ha cambiado mucho porque Michoacán sigue sin aprobar el aborto legal, por lo cual las mujeres michoacanas seguirán teniendo abortos inducidos de maneras clandestinas y por lo tanto arriesgando sus vidas sin tener la posibilidad de que se les atienda en hospitales por el prejuicio que se le tiene”, precisa el documento.

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