Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- El 90 por ciento del recurso público que manejan los diferentes órdenes de gobierno en Michoacán se va para las nóminas, señaló el auditor superior del estado, Miguel Ángel Aguirre.
En el marco de la sesión ordinaria Del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el funcionario señaló que es muy poco el recurso que se dirige hacia obras para la ciudadanía.
Puntualizó que de acuerdo a los últimos registros de la Auditoría Superior de Michoacán de cada 10 pesos del erario público, 9 son para pagar los salarios de los trabajadores de gobierno.
Justo frente al cambio de administraciones, en dicha sesión del comité, se emitió una recomendación a los titulares de las dependencias de los gobiernos estatal y municipales a que se realice el proceso de entrega recepción en tiempo y forma, así como a “no llevarse ningún documento”.
Y es que la entrega-recepción es el proceso con el que se transfieren las funciones, responsabilidades y recursos, por parte de los gobiernos salientes a los que resultaron ganadores tras las pasadas elecciones.
Tras señalar que se han dado casos en los que documentos públicos no se encuentran a la llegada de las nuevas administraciones, el comité anticorrupción de Michoacán conminó a los funcionarios que están por terminar sus periodos, a que aseguren una adecuada entrega-recepción.
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En sesión del comité del SEA se autorizó por unanimidad emitir dicha recomendación, en el entendido de que el nuevo gobernador, diputados locales, así como alcaldes y Concejo Mayor, entrarán en funciones el 1º de octubre, 15 de septiembre y 1º de septiembre, respectivamente.
Jesús Sierra, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) e integrante del comité, destacó que el SEA deberá exigir que la transición se realice conforme a la ley, ya que dicho órgano representa los intereses de los ciudadanos porque haya un buen manejo de las administraciones públicas.
La omisión de este acto de entrega-recepción, destacaron integrantes del SEA, podría representar grandes riesgos al interior de los gobiernos, ya que la falta de información o de su ubicación pudieran descontinuar la prestación de los servicios públicos o limitar el acceso a derechos.
Señalaron también que de no llevarse a cabo el proceso de manera adecuada puede haber imprecisiones informativas sobre el destino y situación del recurso público.
Realizar este proceso en cada una de las dependencias estatales, municipales y en el congreso, permitirá dar certeza en la continuidad del funcionamiento de las instituciones, garantizar la transparencia y rendición de cuentas, así como delimitar responsabilidades administrativas, expuso el comité al emitir la recomendación.
