El gobernador presiona al Poder Judicial para que aislamiento continúe vigente

"Se están violando derechos humanos, no sabemos en dónde están los centros de confinamiento, hay detenciones injustas y se imponen multas altas", consideró la diputada federal Anita Sánchez Castro

Isidro Ruiz | El Sol de Zamora

  · lunes 4 de mayo de 2020

Foto: Mariana Luna | El Sol de Morelia

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Porque a través del decreto de aislamiento obligatorio se están presentando muchas ilegalidades en contra de la ciudadanía, diputadas federales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), interpusieron las quejas en contra de la negativa de conceder las suspensiones en los juicios de amparo que se han interpuesto.

Se interpusieron las quejas en contra de la negativa de conceder las suspensiones en los juicios de amparo. Estas deberán resolverse en los próximos días por el Tribunal Colegiado. Ahí argumenté que el decreto es anticonstitucional, viola derechos humanos y es un peligro para la salud

Anita Sánchez Castro. Diputada Federal

Destacó que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad ejerce presión sobre Jueces y Magistrados para que no le echen abajo su decreto de aislamiento, específicamente sobre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo

“Vemos la presión que ejerce el gobernador sobre ellos. Y yo creo que no se vale, porque está infringiendo la autonomía de ese órgano”, destacó Sánchez Castro, acompañada de la también diputada federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura.


La legisladora por el distrito 06 de Ciudad Hidalgo, remarcó que hasta el momento no se sabe en dónde están los centros de confinamiento y que existen denuncias de ciudadanos que han sido violentados en sus derechos humanos, “en que inclusive los encarcelan injustificadamente con multas altas” de entre 5 y 10 mil pesos.

Por ello también presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a que interponga la acción de inconstitucionalidad que corresponde en contra del gobernador del estado de Michoacán y, sucesivamente, contra otros gobernadores.