MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Un total de 828 quejas en contra de dependencias federales de seguridad y justicia, con filial en Michoacán, fueron denunciadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2014 hasta lo que va del año en curso, por cometer hechos violatorios graves como la desaparición forzada, la tortura, ejercer violencia durante una detención o arbitrariedad en la misma, ser obligado a declarar, recibir tratos inhumanos o degradantes e incluso hasta prestar un servicio público indebidamente.
Sólo unos días de que concluya el primer semestre del 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene acumuladas 18 denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional; cuatro dirigidas a la Fiscalía General de la República; tres en contra de la Policía Federal; y tres más hacia la Secretaría de la Marina. Ubicándose hasta este momento Michoacán en la décimo segunda posición nacional, por el número de quejas presentadas ante la CNDH.
Si bien informes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, correspondientes a los últimos cinco años, revelan que el número de quejas presentadas ante la CNDH han disminuido, la constante son los agravios a las garantías individuales y las dependencias señaladas de cometer las mismas, pues en el lustro reciente las secretarías de la Defensa Nacional , de la Marina, la Policía Federal, las unidades administrativas de los centros de reinserción social y la hoy denominada Fiscalía General de la República (FGR) resaltan en el historial de denuncias.
Conforme al análisis de los datos recabados, el 2014 fue el año en que la Comisión recibió mayor número de denuncias con un total de 424: 289 dirigidas hacia al Policía Federal; 66 a la Sedena; 41 para la entonces Procuraduría General de la República; y 28 para la Secretaría de la Marina. Colocando a Michoacán en la posición número tres, después que la Ciudad de México y el Estado de México, del ranking nacional de quejas registradas por el órgano rector.
Los hechos violatorios en esa anualidad corresponden principalmente por detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, emplear arbitrariamente la fuerza pública, intimidación, imputar indebidamente hechos, retención ilegal, obligar a declarar, obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho, omitir proporcionar atención medica y hasta privar de la vida.
Por lo que toca al año 2015, se ubicó en la posición número diez a nivel nacional con un total de 148 quejas hacia instancias de seguridad y de justicia, imponiéndose por encima de Chihuahua y Guerrero, por mencionar algunos. Es decir, que conforme al año anterior, se disminuyeron en casi un 60 por ciento las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, con 83 querellas nuevamente la Policía Federal, en ese entonces perteneciente a la Secretaría de Gobernación cometió más agravios; le siguió la Sedena con 42; posteriormente la PGR con 20; y finalmente tres para la Semar.
Todas ellas y en su mayoría por prestar indebidamente un servicio público, imputar hechos ilegalmente, faltar a la legalidad, detener arbitrariamente, trato cruel, inhumano o degradante, la intimidación, no fundar el acto de autoridad o motivarlo, privar de la vida, torturar, explotar laboralmente a niños, mujeres y hombres, integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente, omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus familiares, y finalmente, el no notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico, así como su situación jurídica.
Para el 2016 también decrementaron las quejas sobre violaciones a los derechos humanos pues, según los registros, solamente hubo 110 denuncias en contra de dependencias de seguridad: 41 para la Policía Federal; 40 para la Secretaría de la Defensa Nacional; 19 a la PGR; y sólo diez para la Marina. De ahí que, durante ese año se posicionara la entidad en el peldaño décimo segundo, de todo el conteo nacional.
Cometiéndose los mismos flagelos anteriormente mencionados, aunado a otros como el apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, ejercer violencia desproporcionada durante la detención, imputar indebidamente hechos, diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia e integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente.
Por su parte, en 2017, únicamente ante el organismo defensor en materia de derechos humanos se contabilizaron 72 denuncias en contra principalmente de la Sedena, la Policía Federal, la PGR y la Secretaría de la Marina con 30, 27, 12 y tres quejas respectivamente, que a diferencia de los dos años antecesores, integró las primeras diez entidades más señaladas por la CNDH con la posición octava, entre Tamaulipas y Oaxaca. Los hechos violatorios más concurridos, además de los anteriores, fueron incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución, la detención arbitraria y la incomunicación.
El año 2018, conforme a los anteriores, tuvo un comportamiento diferente pues además de haberse recibido un 50 por ciento menos de quejas con relación al 2017, es decir que, de 72 bajó a 49, la diferencia entre el grueso de quejas en contra de instancias como el IMSS e ISSSTE fue muy gradual con 70 quejas menos comparado a las anualidades anteriores.
Sin embargo, las secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional mostraron un empato con 17 violaciones cada una y solamente 11 y cuatro para la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, proporcionalmente. Al respecto de los señalamientos aparecieron, respecto del estudio estadístico, graves fenómenos como la desaparición forzada o involuntaria de personas, la confiscación de bienes e imposición de conductas contrarias a la libertad sexual, imputados a la Semar.
