Morelia, Michoacán.- Las muertes y amenazas en contra de defensores de derechos humanos van a la alza. De acuerdo con un análisis de Front Line Defenders, en 2022 México ocupó el tercer lugar a nivel mundial con 45 casos, por debajo de Ucrania con 50 y Colombia con 186. A nivel local, en Michoacán, la percepción de las condiciones para los defensores es negativa, debido a la inseguridad a la que están constantemente expuestos.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, indicó que colabora con 25 asociaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, además de colectivos y colectivas, sin tener un número exacto.
El titular de la Comisión, Marco Antonio Tinoco Álvarez, reconoció que la situación actual de los defensores en la entidad es complicada, en razón de la situación de inseguridad y violencia generalizada en todo el estado.
Los retos, enumeró, son la crisis de violencia, corrupción e impunidad, las desapariciones forzadas de personas, el desplazamiento forzado interno de personas y la reconstrucción del tejido social.
Medio Ambiente: el problema, cuando alzamos la voz
“El problema es cuando alguien alza la voz porque aparecerá la gente que se siente tocada, pegada o exhibida por las denuncias”, asegura Julio Santoyo Guerrero, del Consejo Promotor del Área Natural de la Zona de Villa Madero. En entrevista comenta que Michoacán debe ser considerado un foco rojo respecto a la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el tema medioambiental.
El también integrante del Consejo Estatal de Ecología, detalla que en 2022 se registraron 23 asesinatos de defensores ambientales en México, pero en 2023 hasta el mes de septiembre, van 34 muertos, es decir, 11 más, y que este incremento se traduce a las condiciones difíciles que se viven en todo el territorio.
Refiere que en la entidad no existen las condiciones de seguridad, ni garantías para que los defensores puedan ejercer con libertad su trabajo.
Nos preocupa que la actividad que realizamos suele ser estigmatizada desde el poder y ello otorga en el imaginario social una autorización de facto a quienes se ven afectados por las denuncias, a tomar represalias verbales y físicas en contra de quienes señalan el problema.
En mayo de este año, durante la firma del decreto del Área Natural Protegida Cerro del Águila en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que ampliarían el sistema de protección de los derechos humanos de los defensores de bosques, sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han reportado ningún avance.
Todos los defensores de los bosques van a tener un sistema especial de protección, así como hay un sistema de luchadores humanos, se va a ampliar para la protección de los derechos humanos que defienden el bosque, eso también lo estamos trabajando, señaló en aquel momento el mandatario.
Santoyo Guerrero afirma que el gobierno estatal habla de protocolos, pero hasta el momento no hay convocatoria ni reunión entre el organismo gubernamental y los ciudadanos para abordar la problemática. Incluso, un mes después del anuncio, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, dijo que invitarían a dos ambientalistas para conformar la mesa y analizar las amenazas de muerte.
El ambientalista dice que fue uno de los invitados, pero no ha recibido llamada para la confirmación o abordar una agenda de diagnóstico sobre lo que pasa en el estado con los defensores. “En los hechos no hay interés gubernamental para abordar el tema, entonces entendemos que se está dejando la libertad de acción a los que se ven afectados, pues solo son declaratorias”.
Denuncias
Los ambientalistas de Villa Madero son ciudadanos a pie, campesinos, dueños de propiedades que plantean la defensa del agua que está siendo privatizada, que rechazan el cambio del uso de suelo para las huertas aguacateras y la tala ilegal, pero en su lucha, las amenazas se han convertido en una rutina.
En los últimos dos meses han recibido una amenaza por semana: “Les mandan decir que los van a quebrar, que no se sigan metiendo en eso, que están obstaculizando el trabajo de otros, que los van a quitar del camino (…) yo paso toda esa información a las autoridades, pero es hablar a oídos sordos”, agrega Julio Santoyo quien también se ha sentido amenazado.
Los municipios considerados focos rojos para el experto, son aquellos de la franja aguacatera y donde hay movimiento incipientes de protesta por el acceso al agua o donde implica confrontación con grupos económicos que están detrás del proceso de devastación y ecocidio como Tacámbaro, Acuitzio, la Meseta y Uruapan, por mencionar algunos.
"Vivimos crisis institucional": Michoacán es Diversidad
Para el coordinador del colectivo Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez, en Michoacán se vive una crisis institucional en materia de derechos humanos, pues considera que en las últimas dos administraciones se vive la pérdida de la ciudadanía al interiores de las comisiones estatales, además el sentido de protección, promoción y divulgación para solo “academizar”.
En las poblaciones disidentes sexuales hay una constante, revisando las denuncias, quejas y llamadas de emergencia de la comunidad, se registra que se ha disfrazado la homofobia, la transfobia con reglamentos y normativas en la misma CEDH, porque no tiene interés por generar debate y diálogo entre las poblaciones afectadas.
Sobre este tema, el mayor número de violaciones a los derechos humanos se registran en las escuelas y ambientes laborales, detalla Raúl, aunque asegura que en este último por ser ambiente de trabajo los órganos de procuración de derechos humanos se deslindan al justificar que no les competen.
El coordinador refiere que la violencia y el bullying homofóbico en las escuelas va a la alza y que actualmente acompañan 70 casos en los que los profesores se niegan a nombrar a las personas trans o el uso de los uniformes.
Hay desconfianza en los sistemas de procuración de justicia porque hay casos en los que revelan los datos cuando se presenta una denuncia, es decir, que no se garantiza la protección de datos, por eso las poblaciones han tenido que migrar, hay 20 mujeres trans buscando la condición de refugiadas en el país vecino por la violencia en Michoacán.
Por lo anterior deciden generar redes comunitarias para resolver dentro de sus posibilidades el goce de los derechos humanos, aunque subraya que eso no los exime de las amenazas, ya que durante este año, ha recibido tres y aunque ha lidiado con ellas le queda claro, que está en peligro. Ç
No hemos superado el tema de violencia en el estado, le echan la culpa al crimen organizado (…) urge que el secretario de Seguridad Pública nos de una estrategia integral y no que cada día nos enteremos que hay bloqueos porque detuvieron al crimen. A pesar del frío que hace, Michoacán está caliente.
Defensores de indígenas, una labora peligrosa
Marianela Baltazar Téllez, maestra en Historia de México y defensora purépecha de derechos humanos de comunidad indígenas asegura que las personas que se dedican a esta labor son víctimas de acciones represivas por parte de los Estados o grupos privados, pues se enfrentan a leyes y prácticas restrictivas relacionadas con la libertad de asociación, expresión, reunión y asociación pacífica.
En el caso específico de defensoras de derechos humanos pertenecientes a comunidades indígenas, se enfrentan campañas difamatorias, maltratos, amenazas de muerte y la sanción comunitaria de ser ignoradas dentro de su propio círculo, refiere en entrevista.
La defensa representa un riesgo para la libertad y seguridad de quienes la llevan a cabo. Refiere que la falta de seguridad es evidente pues se encuentran ante instituciones marcadas por el racismo y clasismo, la falta de atención y seguimiento de los casos por parte de las autoridades y el reconocimiento de su trabajo.
Sin embargo, acota que en Michoacán existen diversas colectivas que desempeñan un papel crucial al acompañar, orientar y promover los derechos humanos de las mujeres indígenas y que sirven de apoyo y fortalecimiento brindando recursos, asesoramiento y visibilidad a las violencias por razones de género.
Por ende, al igual que Raúl Martínez, subraya la importancia de las redes de apoyo que existen en la región, ya que considera que la confianza en las instituciones es limitada al no brindar atención por perspectiva intercultural. Agrega que la falta de estadísticas veraces dificulta la evaluación de cuántos casos se han resuelto satisfactoriamente para las mujeres indígenas o cuántas han tenido acceso a la justicia.
Por último, asegura que todas las promotoras de derechos humanos han experimentado actos de intimidación al denunciar o exponer a los agresores; las amenazas van desde destruir su carrera profesional, difamación o la advertencia de agresiones físicas.
