Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De acuerdo al estudio más reciente de la organización World Justice Project (WJP) sobre el Índice del Estado de Derecho, Michoacán presenta un alto grado de corrupción, sobre todo en la estructura de los poderes ejecutivos de todos los niveles y en la procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz.

En el primer caso y ante mandatos que no corresponden a las demandas de transparencia y honestidad, surgió en las comunidades originarias de la Meseta Purhépecha la necesidad de crear los autogobiernos después de la historia de éxito de Cherán.

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En segundo término la falla estructural del gobierno michoacano se ha visto reflejado en un preocupante aumento en la tasa de agresiones y muertes de mujeres (feminicidios) donde los juicios y la emisión de sentencias para los perpetradores llegan a tardar hasta tres años, además de que las sentencias son cortas o bien atenuadas.

Para Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), esta figura se buscó luego de décadas de rezago social donde los ayuntamientos y los gobiernos estatales nunca atendieron a los pueblos originarios y ni siquiera los dotaron de servicios mínimos básicos a través de obras obra públicas, que contribuyeran a su desarrollo y crecimiento.

“Cuando llegan a invertir en alguna obra (los gobiernos municipales y estatales) inflan los precios hasta tres veces, pero además condicionan los programas sociales, sobre todo en épocas electorales y alientan los trámites burocráticos si no se da una cuota (mordida) para los funcionarios”.

Por otra parte, en el estudio del WJP arroja que en una escala del cero al uno, en Michoacán la ausencia de corrupción en instituciones de seguridad alcanza apenas 0.30 puntos.

En ese sentido, Guzmán recuerda que las policías municipales a menudo extorsionan a los indígenas, lo que también orilló a crear una asamblea general en los gobiernos comunitarios donde nombran su propia ronda comunal, lo mismo que el resto de “funcionarios” de la comunidad que además y a través de la figura de “usos y costumbres” pueden ser removidos si no dan resultados.

Hasta el momento, en la entidad hay 27 tenencias o comunidades indígenas que ya formalizaron sus propios autogobiernos, lo que implica el manejo de recursos propios y la elección de autoridades sin la presencia de partidos políticos o aval de funcionarios.

Un indicador más que mide la organización internacional es el de la participación ciudadana, llamado también gobierno abierto, donde Michoacán alcanza apenas 0.31 puntos, en una escala del uno al 10.

Al respecto, Ulianov señala que los indígenas prácticamente nunca participan en las decisiones de política pública, mientras que en la nueva figura de gobernarse por usos y costumbres todo se decide en las asambleas generales, compuesta no por unos cuantos representantes, sino por todos los habitantes de la comunidad, mayores de edad.

De ahí que una sola decisión, por sencilla que parezca, puede tardar hasta cuatro horas en ser aprobada, ya que se requiere el consenso pleno.

En otro aspecto la investigación penal eficaz alcanza sólo 0.20 puntos en el estudio de WJP, algo que Guzmán analiza desde los casos de hablantes de lenguas indígenas que fueron sometidos a procesos judiciales sin contar con un traductor.

Finalmente, se refiere a aquellos pobladores originarios que fueron enjuiciados o esperan sentencia pero nunca han comprendido de qué se les acusa: “Tan solo en sondeos que hemos realizado, calculamos que hay 200 presos indígenas que no tuvieron traductor o no contaron con abogado que hablara su misma lengua”, concluye.