Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Mientras en Michoacán diputados federales y locales de Morena pidieron un juicio político contra Silvano Aureoles, el gobernador declaró en Estados Unidos, al canal internacional de noticias NTN24, que se encuentra amenazado por el gobierno y por el crimen organizado.
El mandatario se encuentra en el país del norte desde el 23 de julio para sostener encuentros con autoridades de instancias internacionales y denunciar la presunta intervención de grupos delictivos en las elecciones del 6 de junio para favorecer al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su llamada, cruzada por la seguridad nacional, Aureoles ha visitado Los Ángeles, Chicago y Washington; el martes 27 se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, y ese mismo día concedió una entrevista al periodista Gustau Alegret, para el programa Cuestión de Poder.
“Estoy amenazado tanto por el gobierno, por sus personajes de gobierno, como del lado del crimen organizado, porque evidentemente lo que estoy diciendo no gusta", aseguró al canal internacional de noticias NTN24.
En la entrevista, el mandatario señaló que la presunta “narcoelección” no ocurrió únicamente en Michoacán, sino que pudo observarse en la mayoría de las entidades de la república y citó como ejemplos los casos de Sinaloa, Baja California Sur, y San Luis Potosí “en donde las prácticas de la delincuencia organizada fueron prácticamente las mismas”.
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“No quiero que, en mi estado natal, Michoacán, regrese un narcogobierno como lo tuvo en el pasado, que fue un periodo oscuro, negro, de triste memoria para las michoacanas y michoacanos, pero sobre todo que el país se encamina para convertirse en narcoestado”, aseveró Aureoles Conejo.
Indicó que, por tanto, se convierte en un tema de seguridad nacional, pero también regional, ya que México es “el puente entre la parte norte del continente, Estados Unidos y Canadá, pero también hacia el centro y Sudamérica” y de ahí la importancia de llevar el asunto a instancias internacionales.
Agregó que el manejo de la problemática con una “actitud complaciente, omisa y tolerante hacia los grupos delincuenciales ha generado en México un panorama sombrío”.
“Afirmo categóricamente que el partido que fundó el presidente, y con él llegó a la presidencia, se está convirtiendo en un narcopartido, o por lo menos el instrumento de la delincuencia organizada para controlar estados y municipios, así lo muestra el panorama electoral donde prácticamente todos los estados del pacifico y de la costa del Pacifico desde los estados fronterizos como Sonora, Sinaloa, hasta el estado sureño de Chiapas, los gana Morena”, indicó.
Ayer miércoles en la capital michoacana, legisladores de Morena anunciaron que promoverán juicio político en contra del gobernador en funciones por su presunta intervención de manera directa en el proceso electoral que aún no concluye, y que presentaron una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por la supuesta violación a los principios de neutralidad y equidad en los comicios.
El vocero del equipo de transición, Carlos Torres Piña, dijo que, en lugar de estar pendiente de la gobernabilidad de Michoacán, Aureoles Conejo ha estado viajando a Estados Unidos y haciendo una clara defensa de uno de los candidatos, en referencia a Carlos Herrera Tello, abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD.
El representante de Morena ante el IEM, David Ochoa, recordó que, desde el 23 de junio pasado, el gobernador ha acudido no solo a espacios noticiosos nacionales, sino al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Suprema Corte de Justicia, a Palacio Nacional y recientemente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), incurriendo con esto en múltiples irregularidades.
Mencionó que además de violar los principios de neutralidad y haber intervenido de manera directa en el proceso electoral, también ha utilizado recursos materiales y económicos públicos, y se ha mezclado en asuntos jurisdiccionales.
Torres Piña adelantó que se está valorando interponer una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Expresó que, de proceder, Silvano Aureoles podría ser inhabilitado o incluso destituido, aún y cuando solo le resten escasos dos meses para concluir su gestión.
El vocero del equipo de transición apuntó que el actuar del gobernador afecta al estado y violenta el artículo 123 del Código Penal Federal. “Por eso el llamado es para que asuma su responsabilidad y concluya su periodo como debe ser”, afirmó el vocero, quien señaló que, en las últimas horas, Silvano Aureoles ha asumido una postura de perseguido político.
