Morelia, Michoacán.- Para el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, las cuatro ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y allanamientos ilegales registrados en Arantepacua los pasados 04 y 05 de abril de 2017, durante un operativo de la Policía Michoacán, “son caso cerrado”.
En entrevista con El Sol de Morelia, el ahora aspirante a diputación plurinominal por el PRD, sostuvo que, en la intervención que tuvo la Policía Michoacán en un conflicto agrario entre comuneros de Arantepacua y Capácuaro, “actuamos con estricto apego a los protocolos establecidos”.
“Desde un principio mencioné que habíamos actuado con estricto apego a los protocolos establecidos, y la otra situación es que siempre hemos colaborado con las autoridades, ahí está básicamente la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y lo que se requiera estaremos al pendiente”, dijo.
Sin embargo, en el caso Arantepacua la CNDH acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas, y reconoció violaciones a la integridad de 37 personas lesionadas.
Además, la CNDH comprobó la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de 10 personas detenidas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a 38 personas detenidas.
Ante ello, el ex titular de la SSP cuestionó: “¿y nuestros muertos qué?”, pero omitió precisar cuántos efectivos de la Policía Michoacán habrían perdido la vida.
En este sentido, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólo hace mención de ocho elementos de la Policía Michoacán que resultaron heridos, más no fallecidos.
“Y los muertos nuestros… es un dato complicado, ya cerrado, lo único que te digo es que nuestros policías siempre enfrentan valientemente estas situaciones, no se vale que por presiones políticas traten de manipular cosas”, refutó ante cuestionamientos.
Bajo estos argumentos, Corona Martínez hoy aspirante a una diputación local por la vía plurinominal, consideró que el caso Arantepacua “ya está cerrado”, y descartó que algún elemento de la SSP haya sido sometido a investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados en la comunidad indígena, a manos de cuando menos 300 efectivos de la Policía Michoacán, de acuerdo con la CNDH.