Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó al arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, a evitar expresiones que puedan justificar el negar el acceso a los derechos sexuales de las mujeres, luego de que este llamara a los diputados a inclinar su voto contra la despenalización del aborto en Michoacán.
A través de un oficio dirigido al arzobispo se le pidió “observar el marco constitucional y legal que rige a los ministros de culto”, y por tanto no emitir mensajes que “sirvan como justificación para negar el acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, en particular, su derecho a una maternidad libre y voluntaria”.
De igual forma le llaman a “sumarse a una cultura de respeto y la inclusión, así como observar los Lineamientos de Actuación para la Prevención de Discriminación establecidos por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano”.
La observación al clérigo Garfías Merlos ocurre luego de que el 10 de julio en rueda de prensa este hiciera un llamado al Congreso de Michoacán a no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto, y por el contrario a que favorezcan las leyes que cuiden y protejan la vida.
El 15 de febrero una iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por parte de 20 colectivas feministas y activistas independientes que conforman ILEMich; esta buscaba derogar los artículos 142 y 145 del Código Penal para el Estado de Michoacán.
“Más allá de la razón que se aduce para provocar el aborto por embarazos no deseados, lo que se plantea son suscitar formas de atender a las mujeres que se encuentran en una situación así”, dijo Garfias Merlos.
El arzobispo señaló en aquel momento que siempre habrá inconformidad en ese tema y continuarán con la educación de personas, familias y matrimonios, pues no se justifica un aborto legalmente de la moral católica ni desde la ética, aunque haya un respaldo por parte de la ley.
La interrupción voluntaria del embarazo aún es ilegal en 26 de los 32 estados del país, con seis entidades que han avanzado en su despenalización: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz (2021), Hidalgo (2021), Baja California (2021) y Colima (2021).