La Comisión Estatal de los Derechos Humanos exhorta al Gobierno de la República a garantizar una estrategia de seguridad que permita restablecer el orden y brindar la seguridad que los michoacanos demandan, ante los constantes hechos de violencia en el estado.
El ombudsman Víctor Manuel Serrato Lozano reiteró que la seguridad pública es uno de los derechos humanos más exigidos, y uno de los grandes pendientes en el país, a propósito del informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Y advirtió el recrudecimiento de la violencia y el posible resurgimiento de los grupos de las llamadas autodefensas ante la incapacidad de las autoridades federales de garantizar la paz en la entidad.
La CEDH reprueba los hechos sangrientos entre civiles armados, como los recién ocurridos en Tepalcatepec y los registrados en Uruapan, que son prueba de que no está funcionando la estrategia de la llamada Guardia Nacional, pues a pesar de su presencia en Michoacán, los enfrentamientos entre grupos delictivos no cesan.
En ese contexto señala que ante la irrupción de miembros de la delincuencia organizada y la utilización de armas de uso exclusivo del Ejército, corresponde a la Federación atender el conflicto, lo que no ha ocurrido. Por lo que este organismo lamenta que la Guardia Nacional se concrete a hacer el conteo de fallecidos, reporte de lesionados y de daños materiales, lo que evidentemente demerita su actuación y los coloca en una situación de incumplimiento de su deber.
En ese sentido, esta Comisión señala que la seguridad es una función a cargo del estado, que está obligado a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como a preservar sus libertades, la paz y el orden público.
Para esta CEDH en un estado democrático, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y la calidad de vida; y las políticas establecidas no deben estar encaminadas solamente a la prevención y persecución de los delitos, sino también a la salvaguarda de los derechos humanos.
El derecho a la paz pública constituye una condición para el buen desenvolvimiento del resto de los derechos humanos. Los niveles de violencia y criminalidad afectan la vida en comunidad, el desarrollo de los pueblos, la vida, la integridad personal y otros derechos fundamentales.
