/ jueves 29 de julio de 2021

Exigen transparencia en convocatorias del Congreso

Señalaron que los legisladores aprobaron dictámenes para que se ocupen cargos en el Instituto Michoacano de Transparencia

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Asociaciones civiles y organismos empresariales impugnarán los procedimientos y las designaciones que haga el Congreso del Estado respecto a las convocatorias emitidas para diversos cargos en organismos autónomos.

Rosmy Bonilla Ureña y Erick Avilés Martínez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y Mexicanos Primero, respectivamente, coincidieron en señalar que de manera irregular los diputados quieren llevar a cabo diversas designaciones con tan solo 48 horas para que los participantes se inscriban.

Señalaron que los legisladores aprobaron “descaradamente” diversas convocatorias para que se ocupen cargos en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP); en la Auditoría Especial de Normatividad de la Auditoría Superior de Michoacán; a consejeros y consejeras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como para la Magistratura Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, según mencionó en entrevista Erick Avilés Martínez, director general de Mexicanos Primero Michoacán A.C.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

Las 48 horas que se dan para que los participantes se inscriban e ingresen su documentación no da margen para tener los requisitos. El tiempo parece inducir a que perfiles privilegiados logren posicionarse pese a que los organismos son garantes de la transparencia, de los derechos humanos, del control y combate a la corrupción.

“El amiguísimo, compadrazgo y hasta la subasta de cargos siguen siendo parte de las designaciones y decisiones legislativas”, indicó, al tiempo de lamentar que sea una constante el esquema de la opacidad, la falta de indicadores de evaluación y el involucramiento de la sociedad activa en los procesos de designación.

La prisa que tienen los legisladores para llevar a cabo las designaciones es preocupante, destacó por su parte Rosmy Bonilla. “Desata diversas sospechas hasta en la forma en cómo están evaluando. En el caso del Tribunal Administrativo hay a quien le dieron más tiempo y se le distinguió el currículum, mientras que al resto se les deja participar solo para cumplir. La seriedad que dan a la selección de candidatos, es lamentable”.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

El pronunciamiento fue firmado de manera conjunta por el Comité de Participación Ciudadana, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Centro Michoacano de Evaluación, la Coparmex Michoacán, la Fundación Ciudadana por el Desarrollo Integral de Michoacán, la Fundación En Voz Alta México, Méxicanos Primero Michoacán y el Observatorio Regional Zamora. Los integrantes de estas asociaciones hicieron un llamado al Congreso para que amplíen los plazos, se evite la discrecionalidad, se priorice la idoneidad, se involucre a la sociedad civil organizada y se discuta abiertamente la capacidad de los candidatos.

De no haber garantías, las organizaciones ya revisan la ruta jurídica a seguir, pues se tiene el tiempo y los elementos para impugnar ante el Poder Judicial los procesos.

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Asociaciones civiles y organismos empresariales impugnarán los procedimientos y las designaciones que haga el Congreso del Estado respecto a las convocatorias emitidas para diversos cargos en organismos autónomos.

Rosmy Bonilla Ureña y Erick Avilés Martínez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y Mexicanos Primero, respectivamente, coincidieron en señalar que de manera irregular los diputados quieren llevar a cabo diversas designaciones con tan solo 48 horas para que los participantes se inscriban.

Señalaron que los legisladores aprobaron “descaradamente” diversas convocatorias para que se ocupen cargos en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP); en la Auditoría Especial de Normatividad de la Auditoría Superior de Michoacán; a consejeros y consejeras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como para la Magistratura Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, según mencionó en entrevista Erick Avilés Martínez, director general de Mexicanos Primero Michoacán A.C.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

Las 48 horas que se dan para que los participantes se inscriban e ingresen su documentación no da margen para tener los requisitos. El tiempo parece inducir a que perfiles privilegiados logren posicionarse pese a que los organismos son garantes de la transparencia, de los derechos humanos, del control y combate a la corrupción.

“El amiguísimo, compadrazgo y hasta la subasta de cargos siguen siendo parte de las designaciones y decisiones legislativas”, indicó, al tiempo de lamentar que sea una constante el esquema de la opacidad, la falta de indicadores de evaluación y el involucramiento de la sociedad activa en los procesos de designación.

La prisa que tienen los legisladores para llevar a cabo las designaciones es preocupante, destacó por su parte Rosmy Bonilla. “Desata diversas sospechas hasta en la forma en cómo están evaluando. En el caso del Tribunal Administrativo hay a quien le dieron más tiempo y se le distinguió el currículum, mientras que al resto se les deja participar solo para cumplir. La seriedad que dan a la selección de candidatos, es lamentable”.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

El pronunciamiento fue firmado de manera conjunta por el Comité de Participación Ciudadana, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Centro Michoacano de Evaluación, la Coparmex Michoacán, la Fundación Ciudadana por el Desarrollo Integral de Michoacán, la Fundación En Voz Alta México, Méxicanos Primero Michoacán y el Observatorio Regional Zamora. Los integrantes de estas asociaciones hicieron un llamado al Congreso para que amplíen los plazos, se evite la discrecionalidad, se priorice la idoneidad, se involucre a la sociedad civil organizada y se discuta abiertamente la capacidad de los candidatos.

De no haber garantías, las organizaciones ya revisan la ruta jurídica a seguir, pues se tiene el tiempo y los elementos para impugnar ante el Poder Judicial los procesos.

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