Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El desarrollo que ha llevado el proceso sobre el caso de la enfermera Xitlali Ballesteros, asesinada en septiembre de 2020, tiene descontento a José Luis González, su expareja y padre del menor de edad a quien se le considera una de las víctimas indirectas por este crimen perpetrado en Morelia.
Entrevistado por este medio, hace notar que la representación del Ministerio Público ha tratado de negociar con una de las mujeres imputadas a espaldas no solo de él, sino de la madre de Xitlali, Lucila Heredia, también considerada como una de las afectadas colaterales.
En la audiencia más reciente, realizada el pasado 10 de agosto, el juez de Control negó la petición de los abogados de Estephany N., una de las señaladas como autoras materiales del crimen, quienes ya avanzaban en negociar una cantidad en efectivo para ser depositada en una cuenta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con ello aspirar a un procedimiento abreviado, lo que persigue la reducción de la condena a cambio de la reparación económica del daño.
Sin embargo, tanto la madre de la víctima como José Luis González manifestaron estar en contra, pues ni siquiera se les consultó directamente. “La Fiscalía ya se quiere arreglar con el abogado de Estephany N., pero ni a mí ni a la señora nos comunicaron nada, tampoco al asesor jurídico que nos pusieron por parte del DIF, fue algo entre ellos, a nuestras espaldas”, relata el entrevistado.
En esa misma audiencia, la defensa de Estephany N. solicitó que tanto la madre como la expareja de Xitlali no fueran consideradas víctimas indirectas, argumentando que ese estatus sólo le corresponde al menor de edad. La petición obtuvo el rechazo del juez, quien incluso amonestó a la parte defensora por pretender sacar esa ventaja.
A su vez, Laura N., la otra implicada, promovió un amparo que busca un mes extra de prórroga para recabar más pruebas a su favor, lo que de inicio había rechazado el juez, pero que surtió efecto para diferir la audiencia que estaba pactada para este sábado 14 de agosto.
José Luis lamenta que la FGE intente borrarlo de la negociación, pues a su entender eso solo comprueba que los procedimientos abreviados benefician más a los victimarios, que con una cantidad de dinero pretenden reparar un daño que no debe tener el signo de pesos.
“Para mí, la Fiscalía está actuando de forma vergonzosa, me sorprende, es increíble que negocien por su cuenta”, reprueba, y añade que ni a él ni a la madre de Xitlali se les ha informado con detalle cómo avanzan las investigaciones y las comparecencias intermedias. “La señora Lucila ni siquiera sabía que se iba a llevar una audiencia”, comparte, en referencia a la realizada el 10 de agosto.
Aunque no se ha mencionado frente al juez de Control, José Luis ha escuchado que Fiscalía y abogados quieren llegar a un arreglo por 500 mil pesos. “A mí no me importa si el juicio se lleva dos o más años; yo soy el vocero de mi hijo y él me dijo que quiere justicia, no dinero… la vida de su madre no se la van a reparar con nada, ella era una persona joven, preparada, con una maestría y un futuro por delante. Le arrebataron la vida a los 31 años y ahora lo quieren solucionar con dinero”.
