Morelia, Mich. (OEM Infomex).– Un juez de control decidió suspender la audiencia intermedia en la que se presentaría la acusación formal en contra de Martín G., presunto feminicida de María Guadalupe D. debido a que la falta de coordinación por parte de la Fiscalía, el DIF y la Asesoría Jurídica de Protección a Víctimas, la cual generaba incertidumbre sobre la situación de las víctimas indirectas y sobre la garantía de la reparación del daño; además, de que la defensa pretendía condicionar dicho pago.
El problema comenzó cuando la asesoría jurídica informó que las víctimas indirectas, dos menores de edad, ya no se encontraban con Leticia, la hermana de María Guadalupe M, en Metepec, Estado de México, sino que se encontraban separados con otras dos hermanas; además de que solicitaron que la madre de la víctima, María Luisa, fuera coadyuvante en la representación de los menores de edad.
El representante del DIF dijo que desconocía esa situación, ya que la titular del caso estaba en otra audiencia y él apenas se enteraba. Al respecto, el juez señaló que no entendía por qué los menores no estaban juntos y llamó la atención del representante del DIF, ya que dijo es su obligación buscar el bien superior de los menores.
Por otra parte, cuestionó a la defensa y a la Fiscalía si habían llegado a un acuerdo para realizar el procedimiento abreviado. La defensa explicó que se habían acercado con la titular del área de homicidios y feminicidios de la Fiscalía para presentar su propuesta de reparación del daño y poder acceder al procedimiento abreviado.
El defensor detalló que el acusado estaba dispuesto a poner un terreno a nombre de los menores o, en su caso, solicitaban tiempo para reunir la cantidad que solicitara, a cambio de que la Fiscalía les asegure que Martín G. tendrá una sentencia de 17 años con posibilidad de reducirla. Ante ello, el juez preguntó si Martín G. estaba condicionando la reparación del daño a pesar de que las víctimas indirectas eran sus propios hijos, a lo que la defensa no respondió con claridad.
Sobre la reparación del daño y el juicio abreviado, la Fiscalía dijo que no contaban con la autorización para ello, debido a que la propuesta de la defensa era un "documento genérico" y no habían tenido tiempo de hacer las investigaciones para garantizar que se haría la reparación del daño como lo indicaban los defensores.
En respuesta, el juez señaló que la Fiscalía no tiene atribuciones para garantizar la reparación del daño, explicó que su tarea es llegar a un acuerdo de reparación del daño y con ello solicitar el procedimiento abreviado, y que a él le toca revisar y garantizar que el pago se pueda hacer. Además, llamó la atención de la defensa porque solicitó el requerimiento para posponer la audiencia el 16 de septiembre, seis días después del plazo, por lo que ya no podría solicitar otro aplazamiento para llegar a un acuerdo por la reparación del daño, y por ende ya no habría procedimiento abreviado.
El juez preguntó a Martín G si estaba de acuerdo con el procedimiento abreviado, y el inculpado contestó que no quería desgastar a la familia, pero que la defensa no había tenido tiempo de llegar a un acuerdo con la fiscalía, por lo que pidió más tiempo para poder hacerlo.
Por lo que la defensa pidió un plazo de un mes para juntar el dinero para la reparación del daño. Después de todo lo anterior, el juez dio un plazo de cinco días para conocer con exactitud el estado y condiciones de vida de los menores de edad, y de no recibirlo multará con 50 UMAS a los representantes de la Fiscalía, del DIF y a los asesores jurídicos.
En cuanto a la reparación del daño, dijo que con base en el informe que le presenten, él decidirá quién será el representante de la víctimas indirectas, ya que la situación actual no garantiza el bien superior de los menores ni da certeza de saber quién administrará el pago que se haga por reparación del daño.
El juez llamó la atención de ambas partes por su falta de coordinación, la cual ha generado que este caso esté abierto desde 2019 y que no se pueda cerrar. Además, dijo que no es posible que la defensa y Martín condicionen el pago que será para la manutención de los hijos, por lo que citó a una nueva audiencia el 18 de noviembre a las 9:00 horas para dar paso al procedimiento abreviado y con ello asegurar que el acusado haga el pago de reparación del daño.