Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- La ausencia de un ombudsperson repercute significativamente en la velación de los derechos humanos de Michoacán y deja expuesta la integridad de las personas ante el abuso de alguna autoridad, principalmente en una pandemia como la de Covid-19, donde la autoridad sanitaria debe ser la primera en cumplir con el derecho universal de la salud.
La voz de activistas en Michoacán coincide en esa idea, quienes además, desde su experiencia como defensores desde diferentes trincheras, pusieron especial énfasis en la omisión legislativa donde los grupos políticos no han podido determinar quién será el próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Para la presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrío, el mantener acéfalo un organismo como éste repercute, sobretodo, en medio de una contingencia donde uno de los derechos universales es la salud.
Consideró que el acaparamiento político que ha tenido este espacio durante generaciones legislativas, impide cumplir su función de servicio ante la sociedad, pues es esta instancia la encargada de vigilar que esos derechos universales sean cumplidos por la autoridad.
“Es evidente que la Comisión responde a los intereses de los partidos políticos, desafortunadamente los organismos autónomos paraestatales son un botín para los partidos políticos.
Desde su punto de vista, el actuar de la actual Legislatura es deficiente y muestra desinterés por los derechos humanos, ya que desde que se nombró el encargado de despacho, Uble Mejía, no se ha dado seguimiento del trabajo, ni a nivel estatal como por regiones.
Aseguró que, con la pandemia, la situación de la CEDH será más crítico, porque los recortes de presupuesto principalmente recaen en estos organismos, por lo cual será más difícil su trabajar.
“Lo más preocupante es que más que nunca se debe dar seguimiento al tema de los derechos humanos, ya que el tema de la salud es un derecho universal que debe estar garantizado”, destacó en entrevista.
Desde otro frente, el presidente del Consejo Mayor de Villas del Pedregal, Odín García Juárez, consideró que desde antes que había presidente y ahora que está sin él, la CEDH no representa al colectivo en sus mínimos derechos universales como en el tema de la salud.
De acuerdo con el dirigente, dos casos se han presentado en Villas del Pedregal de Covid-19 que requieren traslado porque los vecinos no pueden respirar, sin embargo, en el 911 les han negado el servicio porque no hay ambulancias que cubran los servicios por la demanda y por la lejanía del lugar.
“Tuvimos que ponernos bolsas de basura y armar unos trajes como Dios nos dio a entender, porque los vecinos no tenían carro y se llevaron gracias al favor de la comunidad”, mencionó.
Al respecto, Raúl Martínez, representante del colectivo LGBT “Michoacán es Diversidad”, dijo que las organizaciones LGBT habían advertido desde las “dos administraciones pasadas” que las Visitadurías de la CEDH estaban siendo repartidas por los partidos políticos del estado.
“Si un partido quería imponer al ombudsperson, tenía que ceder las visitadurías a los demás partidos, entonces vimos enquistados a abogados, pasantes, colaboradores de los partidos políticos metidos en derechos humanos”, dijo al asegurar que “de ahí viene el declive de la CEDH”.
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En relación al trabajo desempeñado por el anterior ombudsman Víctor Serrato Lozano, señaló que en su administración “fue lamentable el reparto de todas las posiciones” y aseguró que dentro de la CEDH los partidos solicitaban a los trabajadores cuotas económicas y político-partidistas, para “afiliar a más gente si querían conservar la chamba”.
En ese sentido, el activista LGBT dijo que las organizaciones de la sociedad civil tendrán que esperar una verdadera transformación de la CEDH para que dicho organismo acompañe, entre otros temas, la agenda en pro de la legalización del aborto, el rechazo a la iniciativa derechista del “pin parental” y los casos de discriminación sobre la comunidad.
“Ante este reacomodo en la Fiscalía General del Estado (FGE), la CEDH tendría que estar señalando los procedimientos, los manejos de las carpetas de investigación, y está más preocupada por cómo servirle a un partido para que no le quite espacios y presupuesto”, dijo luego de señalar que la comunidad LGBT está perdiendo la posibilidad histórica de incidir y ser cobijada por dicho organismo.
“La sociedad civil que nos dedicamos a temas de derechos humanos, no encontramos quién nos pueda apalancar a la hora de emitir comunicados, pronunciamientos, acciones de inconstitucionalidad, que se van a ocupar todo este año por el tema del pin parental y esta agenda de derecha que promueven algunos partidos políticos y que es necesario frenar”, explicó.
Un caso emergente que mencionó Raúl Martínez es el desabasto de medicamentos retrovirales que sucede en el ISSSTE a partir de la pandemia. Explicó que al no contar con la CEDH para interponer una queja y dar seguimiento a la logística de elección, compra y distribución de los retrovirales, han tenido que recurrir a Sensida. “Los procesos de queja son más complicados porque no encontramos quién al interior de la CEDH soporte este tipo de quejas”, dijo.
De cara al proceso electoral, señaló que “lamentablemente algunas organizaciones de la sociedad civil suelen caer en la tentación de venderse a los partidos por alguna candidatura, y desdibujan una lucha que va ir más allá de quién quede de gobernador o presidente municipal electo”.
Derechos sociales descuidados
Morelia, Mich. (OEM-Infomex).- Al haber quedado acéfala, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) actualmente desatiende su función de vigilar el proceder de gobiernos, instituciones y organismos de la administración pública y privada, en temas de derechos sociales como salud, educación, seguridad, vivienda, trabajo, alimentación y medio ambiente, entre otros, además de tener pendiente la elaboración de planes para procurar que –por ejemplo–, ante las restricciones laborales y de movilidad por el confinamiento, el estado y el municipio generen políticas sociales que apoyen a la ciudadanía para sobrellevar la crisis sanitaria.
Lo anterior, fue señalado por Gumesindo García Morelos, coordinador de la Clínica de litigio estratégico de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quien señaló que la CEDH es “un garante para vigilar la administración pública” y advirtió que el Congreso del Estado –al no haber elegido a un nuevo titular– está “violando obligaciones” signadas en la Constitución “que repercuten en toda la sociedad michoacana, pero particularmente en los grupos vulnerables”.
“Hay una crisis política en el Congreso. No es una facultad discrecional, es una obligación constitucional y a cada momento que pasa los legisladores violentan la Constitución al no designar un ombudsman”, dijo al precisar que se debe proponer una nueva terna en la que no se incluya a ningún perfil rechazado en la anterior.
Explicó que durante la pandemia se han agudizado los casos de violación a los derechos humanos de los grupos vulnerables, como el acceso a la educación de personas con capacidades distintas, los derechos laborales y la seguridad social, así como la violencia doméstica. Razón por la cual es necesario que la CEDH tenga un ombudsman “con garantía de inamovilidad por 4 años”, lo cual garantiza mayor independencia en la toma de decisiones, y no meramente un encargado de despacho.
“El ombudsman tiene que jugar un lugar muy importante como una magistratura de opinión porque, al no ser vinculantes sus resoluciones –por el papel que desempeña–, no sólo debe realizar investigaciones de manera oficiosa, sino también generar opinión pública desde su posición y visibilizar los problemas”, advirtió.
A pregunta expresa sobre los señalamientos de diversas organizaciones civiles respecto a la mano de los partidos para negociar puestos, visitadurías y exigir a los empleados de la CEDH “cuotas partidistas” para no perder su empleo, García Morelos dijo que de ser cierta dicha situación, la Auditoría Superior del estado debe investigar “porque es un tema de fiscalización”.
