“Faltó eficacia para tratar caso de la JC”: SAC

El mandatario estatal afirmó que los derechos de los trabajadores de la Junta de Caminos están a salvo

Aned Ayala / El Sol de Zamora

  · lunes 9 de diciembre de 2019

Foto: Carmen Hernández

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex). El mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, reconoció la falta de eficacia y oportunidad para trabajar el tema de la Junta de Caminos de Michoacán, organismo descentralizado que fue decretado como extinto por el mismo Ejecutivo local en días pasados.

Luego de informar que en su administración se ha reducido 25 por ciento el aparato burocrático con la desaparición de cinco dependencias centralizadas y entre 11 y 13 instituciones descentralizadas al no existir “razón para seguir asignando recursos, porque generaban mucho gasto y no correspondía con su funcionamiento”.

En el tradicional encuentro con los medios de comunicación de cada lunes, el gobernador aseguró que todos los trabajadores afectados con la eliminación de áreas han sido reubicados y en el caso de la Junta de Caminos de Michoacán, dijo, “los derechos de los trabajadores están a salvo, pero el tema que no tiene mayor complicación se ha manoseado para otros fines, para quedar bien electoralmente”.

Acepto que fue una falta de eficacia y de oportunidad de nuestra parte el haber procesado el tema de la Junta de Caminos, pero ya hay tres rutas para los trabajadores: la jubilación, el retiro voluntario y reubicarse a la Dirección General de Mantenimiento Carretero” de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, puntualizó.

En tanto, pidió no “comprar” el discurso de algunas diputadas locales que “andan pagando porque las ocupen para defender las causas cuando no se está violentando los derechos de nadie porque aun cuando se decretó la extinción de la junta se les siguió pagando”.

A lo que reiteró que el procedimiento para publicar la extinción de la Junta de Caminos de Michoacán se hizo conforme a la ley, lo anterior luego de que las legisladoras por Morena, Cristina Portillo Ayala y Sandra Luz Valencia adelantaran la posibilidad de solicitar ante el Pleno una controversia constitucional por la determinación del Ejecutivo.