Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- En demanda colectiva, grupos feministas, organizaciones en defensa de los derechos humanos e integrantes de la clase política, pidieron a los partidos impedir la participación electoral de candidatos que presenten antecedentes de violencia ejercida contra la mujer, en cualquiera de sus modalidades.
Bajo un mismo argumento, integrantes del colectivo feminista Incendiarias, así como representantes de la organización Humanas sin Violencia, demandaron la creación de filtros rigurosos sobre quienes pretenden participar en las siguientes elecciones, a fin de que no exista cabida para candidatos involucrados en hechos que vulneren la imagen e integridad de la mujer.
A este argumento se sumaron mujeres con participación política activa, como es el caso de la fundadora de la organización Pares, Mujeres por la Paridad, Gabriela Molina Aguilar, quien reconoció que, “la violencia política en razón de género es un vicio que sigue vigente en el entorno que nos rodea, no ha desaparecido, ahí se mantiene reflejado en prácticas que nos limitan y vulneran”.
Molina Aguilar remarcó que “aunque hay mecanismos que han ayudado a poner freno a la violencia política contra la mujer, como la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, en todos los partidos siguen existiendo prácticas que no sólo resultan degradantes para la mujer, sino para toda una sociedad”.
Como fundadora de la organización Pares, Mujeres por la Paridad, Molina Aguilar emplazó a los partidos a sujetarse a la realidad política que vive el país en materia de paridad de género, “o de lo contrario la historia los juzgará, como juzgó a quienes se oponían a que la mujer sufragara o se desempeñara no sólo en la política, sino en diferentes espacios”.
Ley 3 de 3, sin dientes contra agresores: Humanas Sin Violencia
A juicio de Circe López Riofrío, fundadora de la organización Humanas sin Violencia, la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, que se impulsó por el Instituto Nacional Electoral (INE), carecería de efectividad para restringir la participación electoral de personajes con historial de violencia familiar o doméstica; delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como por ser deudores de una pensión alimentaria.
“En las próximas elecciones tendremos un gran mecanismo que se sustenta en la Ley 3 de 3 en contra de la violencia de género, pero se queda corto, y lo estamos viendo en el caso de Salgado Macedonio, donde al no existir una sentencia condenatoria por denuncias de violencia hacia la mujer, podrá participar sin ningún problema”, dijo.
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Para Circe López, el caso de Felix Salgado Macedonio, candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, “refleja que sigue existiendo impunidad en contra de quienes se valen del poder público para violar, amedrentar, amenazar y discriminar a las mujeres”.
“Al no tener más armas o protección constitucional, la mayor arma se tendrá en las urnas, porque sólo así se podrá impedir la llegada de quienes tanto daño nos han hecho”, agregó.
Agresores, en la mira de colectivos feministas
En el anonimato, una integrante del colectivo Incendiarias compartió que, derivado del caso Macedonio, diversos grupos feministas le pedirán a la clase política “tumbar” las aspiraciones político-electorales de quienes hayan cometido cualquier tipo de abuso en contra de la mujer.
En Michoacán, dijo, se tiene identificado al diputado local de Morena, Fermín Bernabé Bahena, quien en 2009 fue denunciado por violencia ejercida en contra de su entonces esposa, María Eugenia Farias, y de su hija, Evelyn Alondra Bernabé Farias, de acuerdo con las carpetas de investigación 139/2009 y 782/2009, que se registraron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
“Buscaremos que se le impida el paso al diputado Fermín, porque también existen diversos casos de compañeras que fueron acosadas por él, pero que no denunciaron por temor a represalias. No lo vamos a dejar pasar”, sentenció.
La integrante del colectivo Incendiarias informó que dicha organización feminista prevé sostener acercamientos con autoridades de los diferentes partidos que participarán en las siguientes elecciones, “para que no sólo sea Fermín, que caigan todos los agresores de mujeres”.
Bajo estos argumentos, las activistas antes mencionadas se dirigieron a los partidos políticos, a través de El Sol de Morelia, para solicitar que se impida la participación electoral de quienes hayan incidido en actos relacionados a la violencia de género, de cara a las elecciones del 6 de junio.
