Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En gira por el municipio autónomo de Cherán, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso que las guardias comunitarias sean reguladas a nivel estatal y federal, con lo que se buscará dotarlas de armamento y patrullas que sirvan para mejorar sus mecanismos de control y vigilancia.
En el marco del foro del Plan de Desarrollo Integral, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha, ubicado entre los municipios de Cherán y Paracho, el mandatario dijo que en la actualidad el Sistema Estatal de Seguridad no reconoce legalmente a las guardias comunitarias, por ende, ya se analiza presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para que puedan contar con armamento, patrullas y uniformes.
“Los consejos indígenas ya están reconocidos en la ley, pero en la del Sistema Estatal de Seguridad Pública y en las leyes federales falta ese reconocimiento para que puedan ellos mismos brindarse seguridad, como un cuarto nivel de gobierno, tal como lo hacen los municipios que tienen licencias de armas, licencias que se tramitan ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la Defensa Nacional; este es un tema que legalmente se debe de atender”, indicó.
Pese a que no tienen ese reconocimiento legal, en Michoacán existen comunidades indígenas purépechas y mazahuas que se mantienen armadas en la defensa de los bosques principalmente. Tal es el caso de Ocumicho, donde los comuneros han denunciado el desarme que quiere llevar a cabo el ayuntamiento de Charapan, en tanto que en la tenencia de Crescencio Morales, de Zitácuaro, existen casetas de vigilancia con gente fuertemente armada para el ingreso a la comunidad, así como lo establece Nahuatzen y sus cuatro comunidades de autogobierno o el propio Cherán.
Durante el inicio de los foros, María de la Luz Estrada Velázquez, integrante del Consejo Supremo de Cherán, aseguró que en los últimos 10 años, desde que se erigieron como autogobierno, ningún gobernador había sido admitido. Como la mensajera del Consejo Mayor, dijo que en las comunidades que hoy acompañaban el evento persistía la desconfianza en los políticos, “por todo lo que se ha vivido”.
“La madrugada del 15 de abril de 2011, los habitantes de Cherán Kéri superaron el miedo, el egoísmo y la división para emprender la lucha por la seguridad y la lucha por la reconstrucción de los bosques”, recordó Estrada.
Lo que se espera del trabajo emprendido con el gobierno actual, subrayó, es que se responda a las necesidades que imperan en la región indígena y los foros no se conviertan en un desahogo momentáneo, “pues se ha sabido demostrar que no se lucha por el poder, sino por preservar nuestras vidas y el territorio que habitamos”.
En respuesta, Ramírez Bedolla aseguró que el foro tuvo como propósito escuchar a quienes tienen experiencia en la autonomía, el presupuesto directo y han construido una democracia “digna de replicarse”. Reconoció que la inseguridad que acecha a las comunidades y en su momento a Cherán, detonó la salvaguarda de su territorio, por ende, dijo que deben actualizarse las leyes en torno a la seguridad pública para que constitucionalmente quede claro el reconocimiento de las guardias comunitarias.
La experiencia con Castillo Cervantes
No es la primera vez que una autoridad analiza dotar de armas a guardias civiles en comunidades de la entidad. En 2014, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, encabezó un programa para que los llamados autodefensas fungieron como policías rurales, lo que derivó en el registro de al menos seis mil personas a quienes se les dio armas y uniformes.
Bajo la anuencia del entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el presidente Enrique Peña Nieto, el experimento sólo provocó que surgieran nuevos cárteles del narcotráfico como Los Viagras, además de que se registraron enfrentamientos entre distintos grupos de fuerzas rurales. El 22 de noviembre de 2014, se reportó la desaparición de 12 ex autodefensas, dos de los cuales aparecieron sin vida días después en Paracho. En tanto, el 16 de diciembre 11 personas murieron en un tiroteo en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista.
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