Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La violencia y las amenazas de los cárteles del crimen organizado que operan en la región de Tierra Caliente han obligado a cientos de personas a huir de sus hogares, convirtiendo a comunidades enteras en pueblos fantasma.
Aunque no se cuenta con cifras actualizadas de los michoacanos desplazados por este fenómeno durante 2020, diversos episodios violentos expulsaron a decenas de familias de sus comunidades, movidas por el miedo y el acecho de los criminales.
Con enfrentamientos, tiroteos, ejecuciones y bloqueos carreteros, este año el municipio de Aguililla pasó a ser el foco rojo y epicentro de movilización de la delincuencia organizada.
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En esa demarcación, de enero a julio de 2020 unas 232 familias se vieron obligadas al desplazamiento forzado, según fuentes de la presidencia municipal citadas por el diario Los Angeles Times.
La misma publicación consigna que las comunidades de ese municipio que reportan un mayor éxodo son El Aguaje, Naranjo de Chila, El Limón y Dos Aguas, donde en los últimos meses se registró un recrudecimiento de la violencia. Tan solo de enero a julio de este año, al menos 182 familias huyeron de sus casas.
Las causas del éxodo
Entre enero y diciembre de 2019, en el estado de Michoacán un total de 704 personas se vieron obligadas a huir de sus comunidades a causa de la violencia generada por grupos armados organizados, según el documento Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México. Informe 2019.
El reporte elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) precisa que la entidad ocupaba ese año el tercer lugar después de Guerrero (5 mil 128 desplazados) y Oaxaca (mil 071) con el mayor número de casos de este fenómeno.
Y aunque el informe es del año pasado, las causas del éxodo son las mismas este 2020: todas las personas desplazadas tuvieron que huir involuntariamente para salvaguardar su vida e integridad. Una parte de ellas aseguró haber recibido una “invitación” directa de los grupos criminales para que dejaran sus casas, mientras que otras fueron sacadas a la fuerza de sus hogares.
En Tierra Caliente actualmente operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera; Los Viagra o Cárteles Unidos, La Familia Michoacana y La Nueva Familia Michoacana, entre otros.
Según la investigación Migración Interna por Violencia o Inseguridad en México, realizada por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, la migración interna por causa de violencia o inseguridad en Michoacán se convirtió en una respuesta a las formas de violencia en el estado.
Destacan entre éstas las extorsiones a comerciantes, pagos de derecho de piso, agresiones sexuales y amenazas para la ocupación de territorio, con lo cual, sumado a vacíos institucionales, ha formado en la entidad un contexto complejo.
El documento señala que la violencia adquirió una fuerte dimensión simbólica y pública generadora de miedo e inseguridad entre los habitantes de la entidad, provocando, por un lado, la conformación de grupos de autodefensas y, por otra parte, motivando el desarrollo de otras respuestas ante los altos índices de violencia o inseguridad, como los procesos de migración interna.
Realidad minimizada
Esta cruda realidad ha sido sistemáticamente ignorada, minimizada e incluso negada por los gobiernos federal y estatal, como cuando el pasado 3 de diciembre el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se refirió a los ataques y choques entre grupos armados e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como “un pleito entre ellos”.
Días antes, pobladores de La Cuchilla, en el municipio de Buenavista Tomatlán, denunciaron que alrededor de 65 familias fueron desplazadas ante las amenazas del cártel de Los Viagras.
Los lugareños tuvieron que dejar la comunidad ante el arribo del grupo armado que se introdujo a sus hogares, robando y amagando a las familias de esta comunidad dedicada mayormente a la agricultura.
Los afectados tuvieron que abandonar sus domicilios y desplazarse a otros municipios colindantes, e incluso parte de ellos analizaba buscar asilo político en Estados Unidos.
Los habitantes denunciaron que la delincuencia organizada les ha quitado sus tierras, ganado, hogares y pertenencias, con amenazas claras si pretenden regresar.
Voces de denuncia
Y aunque existe indiferencia oficial ante estos hechos, las voces que denuncian el drama de dicho fenómeno social provienen de la Iglesia católica.
El pasado 2 de agosto, mediante redes sociales, el sacerdote Gregorio López Gerónimo conocido como el Padre Goyo, llamó a la población a solidarizarse con las personas desplazadas de sus hogares debido a la violencia en Tierra Caliente.
El religioso dio a conocer el número de personas que se encontraban refugiadas en distintas colonias de Apatzingán, para quienes solicitó el apoyo de la ciudadanía, ya que la mayoría escaparon de sus comunidades sin la oportunidad de llevar con ellas sus bienes.
En ese entonces destacó que eran alrededor de 121 desplazados que se encontraban en el municipio limonero: 68 de la comunidad de El Pozo; y de El Aguaje, 29 personas refugiadas. También, 10 pobladores de La Bocanda y otros 10 individuos originarios del poblado de Naranjo de Chila.
El 1 de agosto la Arquidiócesis de Morelia dio a conocer que más de 20 familias habían sido desplazadas de El Aguaje para arribar a Apatzingán, pero no tenía cifras precisas ni los nombres o ubicación de las personas refugiadas por la violencia.
El 05 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un enérgico llamado a los gobiernos municipales y estatal para atender el fenómeno de las desapariciones forzadas en Tierra Caliente.
Además, les pidió abrir investigaciones sobre el desplazamiento de poblaciones causado por la violencia y enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
El organismo destacó que el desplazamiento forzado es una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública, y conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados.
