Morelia, Michoacán, (OEM-Infomex).- Durante el año pasado y lo que va de éste la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 68 quejas de actos relacionados a tortura, cometidos, principalmente, por autoridades policiales del estado y personal de ayuntamientos michoacanos, según datos del organismo.
Hace 22 años que la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 26 de junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura como una forma de erradicar en su totalidad estas prácticas.
De acuerdo a la ONU “la tortura es todo acto que imponga intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de esa persona información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas”.
Sin embargo, en la actualidad aún se cometen este tipo de prácticas, ya que la CEDH durante el año pasado y lo que va de éste tiene un registro de 34 quejas por hechos de tortura presuntamente cometidos por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), así como 23 quejas en el mismo rubro pero presuntamente perpetrados por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la entidad.
En el caso de las autoridades de seguridad del ámbito federal, hay dos quejas relacionadas con hechos de tortura en Michoacán, uno presuntamente por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y otro más por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En este mismo sentido, autoridades de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán tiene dos quejas en este rubro.
Además, autoridades de los ayuntamientos de Morelia, Tzintzuntzan, Lázaro Cárdenas, Lagunillas y Zamora tienen una queja por actos de tortura presuntamente cometidos por los funcionarios municipales; mientras que la Presidencia de Jacona cuenta con dos renuncias ante el organismo.
Por su parte, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas (CEEAV), Raymundo Sánchez Arredondo, indicó que los actos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos y que son más denunciados son golpes en zonas que no dejan huella como la parte abdominal y asfixia con bolsas de plástico.
Apuntó que desde la creación de la CEEAV en 2014 a la fecha, han recibido un total de 131 resolutivos por parte de la CEDH de casos de tortura, de los cuales, el 90 por ciento fue contra hombres que presuntamente fueron torturados, de ellos, el 70 por ciento fueron inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.
Del total de resoluciones recibidos por la CEEAV, 46 de los casos fueron presuntamente perpetrados por servidores públicos de la FGE y 45 casos por servidores públicos de la SSP.
Sánchez Arredondo apuntó que el 97 por ciento de resolutivos que reciben son por parte de la CEDH que llegan en un lapso de entre un año o dos luego de los hechos por lo que los estragos físicos generalmente ya no están presentes, pero apuntó que los efectos post traumáticos se tienen que tratar y son canalizados a terapia.
Aunado a ello, precisó que en la CEEAV buscan otorgar una reparación integral a la víctima dependiendo de la situación y su rehabilitación, efectos postraumáticos, reparación económica; en este último apuntó que hasta el momento siete casos han sido reparados con montos económicos por parte del infractor.
Finalmente, indicó que la tortura o los tratos crueles inhumanos son un delito grave e imprescriptible que en el caso de ser funcionario público se paga con 10 a 20 años de prisión y en caso de ser particular con consentimiento de la autoridad es una pena de entre seis a 12 años de cárcel.
Al respecto, el coordinador de estudios de la CEDH, Gerardo Herrera Pérez, dijo que las instituciones tienen marcados protocolos de actuación para no vulnerar los derechos humanos, sin embargo, el desconocimiento de estos puede llevar a que no sean respetados o simplemente los servidores públicos hacen caso omiso de los mismos.
También agregó que en ciertas situaciones estos protocolos se aplican a medias como “pudiera llevarse a cabo una detención se leen los derechos, pero luego se lo llevan a pasear y lo remiten dos horas después, este tipo de situaciones también se presta para cometer actos de corrupción”, apuntó.
Finalmente, dijo “los protocolos no fallan”, con quien se tiene que trabajar es con los servidores públicos que son quienes aplicarán esos protocolos.
