Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Para erradicar la presencia de las hoyas de agua en el estado, forzosamente se deben prohibir en la Ley de Aguas Nacionales, sólo que ésta continúa estancada desde que en 2012 se añadió al artículo cuarto de la Constitución que el agua es un derecho humano.
En ese mismo año, se dio un plazo de 12 meses para que los diputados federales elaborarán una Ley General de Aguas, tarea que sigue pendiente una década más tarde.
Desde entonces, se han debatido innumerables propuestas elaboradas por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta la fecha haya un acuerdo en la cámara baja, pese a problemas de sequía en el 84 por ciento del territorio nacional.
La Ley tiene como propósito garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, solo que para su puesta en marcha ya han pasado 14 iniciativas en cuatro legislaturas distintas, lo que incluyó 35 foros estatales entre 2019 y 2020, con la intervención de 7 mil expertos.
Como se documentó en este semanario, las hoyas son estructuras artificiales que captan no sólo el agua de las lluvias, sino diversos escurrimientos con el propósito de posteriormente regar huertos de aguacate ubicados ilegalmente en bosques previamente talados.
Su número es incierto, pues ambientalistas como Julio Santoyo hablan de al menos 30 mil, mientras que el investigador Alberto Gómez Tagle ha asegurado que la cifra rebasa los 50 mil. En una tesis validada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) el biólogo José Trinidad Soto González concluyó que tan solo en la llamada franja aguacatera, conformada por 33 municipios, se detectaron mediante imágenes satelitales de 2011 más de 7 mil 600 hoyas en 716 hectáreas, con mayor presencia en Tacámbaro, Tancítaro, Ario de Rosales, Salvador Escalante, Uruapan y Peribán.
Sin margen de acción en la Conagua
En los hechos, “cualquier persona puede poner una de esas estructuras en su propiedad sin infringir ninguna ley”, acepta Jesús Camacho, director en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien refiere que esta estrategia ocasiona un evidente daño al medio ambiente, toda vez que corta el ciclo hidrológico al momento en que se impide que la precipitación se filtre al subsuelo y por ende la carga de los mantos acuíferos disminuye.
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El artículo 27 de la Ley de aguas nacionales permite captar el agua de lluvia a cualquier ciudadano, aunque también estipula que el agua que escurre por ríos, arroyos, lagos y manantiales es propiedad de la nación y por ende restringe su aprovechamiento con fines de lucro.
“Es en ese punto donde el tema se vuelve complejo, pues una hoya recibe agua de lluvia, pero al mismo tiempo emplea una tecnología para tomar los escurrimientos y posteriormente usa todo para el riego de huertas aguacateras y de berries, principalmente”.
Esa suerte de trampa es lo común en los bosques michoacanos. Sin precisar un número exacto, el funcionario revela que ya han recibido algunas denuncias de conexiones de este tipo, así como el uso de bombas, solo que cuando van a revisar ya no están a la vista.
Si la Ley General de Aguas no entra en vigor con prontitud, Jesús Camacho espera que por lo menos se brinden las facultades a esa dependencia para establecer las regulaciones técnicas, y desde su punto de vista, también se podría avanzar en la materia si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incluye a las hoyas como una práctica de cambio de uso de suelo, con lo cual habría materia para su prohibición.
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Añade que la última reunión entre el Consejo Estatal de Ecología del Estado de Michoacán (Coeeco) y autoridades locales, en enero pasado, se tocó el tema de las hoyas y su impacto en el ciclo hidrológico del agua, sin que se avanzara más en las posibles soluciones. Sin la prohibición legal no hay un padrón oficial, pero el titular de la Conagua acepta que la cifra de 30 mil hoyas en el estado “no es para nada descabellada”.
Primer paso, con diputados locales: Proam
El control y erradicación de las hoyas de agua debe pasar por iniciativas desde el Congreso local que sean llevadas a lo federal, con el objetivo de que su construcción se tipifique como un posible delito en la Ley de Aguas Nacionales. Así lo establece en entrevista el titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Michoacán (Proam), Arturo Chávez Carmona.
Coincide en el vacío legal para prohibirlas, por lo que urge que en la entidad los diputados de la actual legislatura elaboren un punto de acuerdo con miras a aplicarse en lo federal.
“Para combatirlas debería haber un tipo de norma, es algo que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pero no tienen los elementos legales; por eso necesitan que se legisle a nivel federal”, explica, al tiempo de aceptar que no se trata de simples captadores de lluvia, sino que se apropian de manantiales que originalmente son para riego extensivo o consumo humano, obstruyendo la marcha de la red geohidrológica que tienen las cuencas.
Ventanilla equivocada
El único pronunciamiento al respecto entre los legisladores locales ocurrió en mayo pasado, cuando el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Baltazar Gaona, promovió un punto de acuerdo para solicitar la cancelación de hoyas de agua y pozos que no cuenten con permisos, aunque esa figura no exista debido a lo ya explicado de la ley.
En específico, se solicitó al secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Cuauhtémoc Ramírez, que informe cuántas de estas estructuras existen en la entidad, además de su superficie, volumen captado y ubicación. Esa secretaría no es la instancia indicada para tales fines, por lo que la petición quedó sin efectos.
Al cierre de esta edición se buscó con insistencia al diputado Gaona para que ampliara los detalles de su propuesta, pero no encontró espacio en su agenda. Además, se solicitó la postura de la Semarnat, sólo que la titularidad de la delegación en el estado está acéfala y su subdelegado, Carlos García, argumentó que se podían enviar preguntas para ser turnadas al departamento de Comunicación Social a nivel federal.